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Inclusión: Aclaremos los puntos grises de la nueva ley Opinión

Inclusión: Aclaremos los puntos grises de la nueva ley

El año recién pasado se obtuvieron los resultados de la última Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDISC II) y a partir del estudio aplicado a nivel nacional, regional y urbano/rural de chilenos de 18 y más, supimos que un 20% de ellos se encuentra en situación de discapacidad. Cifra para nada menor cuando a las PsD (personas en situación de discapacidad) se les tilda habitualmente de “grupos minoritarios”.


Hablamos entonces de ciudadanos que dentro del parámetro etario al que pertenecen, son parte activa del mercado laboral. En este sentido, se vuelve urgente entonces conocer cómo es abordada la materia de interés desde la institucionalidad, empleadores y facilitadores de las medidas que lo fomentan.

El Servicio Nacional de Discapacidad en su Política Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad 2013 destacaba ya como máxima de inclusión laboral lo siguiente: “Propender al acceso de la población con discapacidad en edad de trabajar al mercado laboral, en condiciones de inclusión y equidad, a partir de programas de formación para el trabajo y apoyo a la permanencia en el trabajo, incentivos a la contratación, apoyo de emprendimientos productivos y la certificación de la inclusión laboral en espacios públicos y privados”.

De dicha fecha hasta hoy tenemos un gran avance y -por cierto- desafío: La Ley de Reserva de Cuotas de Personas en Situación de Discapacidad, que recorre camino desde el 2014 al 2017, y que en junio fue aprobada en todas las instancias legislativas por unanimidad. Dicha normativa indica que cada empresa debe contar con una reserva de empleos del 1% para personas en situación de discapacidad en organismos del Estado (civiles y militares) y empresas privadas que tengan 100 o más trabajadores o funcionarios.

Pero cuando hablamos de inclusión, de inmediato hemos de suponer una larga ronda a la que apenas hoy nos aventuramos. Estamos ad portas de la configuración de un nuevo Chile que busca aumentar las oportunidades de acceso a grupos con barreras en la sociedad. Sabemos que la propia coacción de una Ley, en un país donde se suele pensar que su mero nacimiento todo lo soluciona, no es -en lo más mínimo- una panacea. Es por esto que la tarea hoy se enmarca en recordar que todo proceso de inclusión social ha de concebirse como una dinámica de largo plazo, donde la ejecución de planes, programas y proyectos que regulen la aplicación de las nuevas normas son el primer paso para asegurar los resultados que tanto las PsD como la sociedad en su conjunto esperan alcanzar.

Y es porque para la inmensa mayoría de las PsD no ha sido una condición del todo transitoria, sino un estado en el que se ha nacido o en el que se ha permanecido durante un largo período de la vida. Por lo tanto, el juego de las expectativas cobra más relevancia que nunca cuando comprometemos objetivos en el corto plazo. Las zonas grises no cubiertas por un reglamento próximo a entrar en vigencia son y serán la clave para entre el éxito y el fracaso de las medidas.

Parte de esa realidad la constituye el cómo abordaremos la incorporación de PsD a los equipos de trabajo en las diversas empresas que han de optar por cumplir la cuota del 1% (y no sus medidas alternativas), el cómo educaremos para que los procesos de reclutamiento y selección sean pertinentes y dirigidos a la contratación de personal idóneo para cargo, no perpetuando asistencialismo, sino indicando un aporte en cada organización de las cuales serán parte las PsD.

Otro elemento vital en la misma línea será reforzar y educar sobre los aportes de procesos de “empleo con apoyo”, entendidos como la entrega de orientaciones para que los trabajadores puedan desarrollar sus funciones de manera adecuada y en los parámetros que a la vez espera su empleador/jefatura.

Entre tantos otros matices por abordar antes de la entrada en ejercicio de la Ley, se visualizan iniciativas colaborativas entre organismos del Estado, empresas y sociedad civil que llevan la delantera en la tarea. Un ejemplo son los “Encuentros de Responsabilidad Social Inclusiva” que han venido desarrollándose por la Fundación Ronda en Santiago y regiones, que como eje central busca relevar la importancia del rol de cada uno cumple en este reto por la inclusión.

Acciones como éstas inscriben entonces la urgencia de hablar, convivir y colaborar en inclusión, donde declaremos nuestra necesidad de educarnos en torno a las temáticas para poder cumplir en tiempo, contenido y forma de acuerdo con las exigencias. Incitemos a que el primer paso sea declarar las necesidades de un proceso que abiertamente no conocemos, pues no nos hemos formado en un ambiente inclusivo en la trayectoria educacional o laboral, y hagámonos cargo buscando buenas experiencias, replicando sus aportes.

A nuestro favor están nuestras inmensas ganas transformar la suma de diferencias, en el mejor resultado social que buscamos.

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