Emprendedores
Una de las más importantes medidas contempladas en el anuncio era la posibilidad de usar el IVA crédito fiscal sólo después del pago de la factura; sin embargo, fue eliminada por el Ejecutivo, aduciendo problemas técnicos operacionales.
Generando muchas expectativas, en mayo, el Gobierno anunció el proyecto de ley de Pago Oportuno para pequeñas y medianas empresas, el cual contemplaba, como principales medidas:
– Obligación de la emisión electrónica de la guía de despacho, al igual como sucede con la factura, para efectos de acercar el momento en que se emite la guía de despacho y la factura.
– Limitación al cambio del valor original de la factura, una vez aceptada por el comprador. Después de ocho días de aceptada, no se aceptarán notas de crédito y se buscarán otros mecanismos para hacer compensaciones, dando certeza del plazo y monto de la factura.
– Obligación del pago de la factura a partir del día convenido y no más de 60 días máximo. Cumplido el plazo, la factura devengará intereses y se incorporará en la deuda de la empresa.
– El uso del IVA crédito fiscal sólo será posible después del pago de la factura.
– Se generará información pública sobre el comportamiento de pago de empresas, de forma de que aquellas que pagan en forma oportuna se vean reconocidas por la ciudadanía.
– Se modificarán las condiciones para la entrega del sello ProPyme.
“Estas medidas comprenden parte importante de los requerimientos y anhelos de la Pymes y vienen a dar un poco más de simetría en la relación empresa-proveedor”, expone el gerente general de Defensa Pyme, Mario Espinosa, quien además afirma que “actualmente, esta relación es absolutamente asimétrica y las condiciones comerciales son impuestas por las grandes empresas”.
“Nos parece muy bien que exista un sistema de información sobre el comportamiento de pago a proveedores por parte de las empresas, pues es necesario que las éstas puedan ser evaluadas por la forma en que cumplen a sus proveedores y así reconocerlas”, agrega.
Sin embargo, para el abogado hubo tres puntos muy significativos que debilitan al tan anhelado proyecto. Primero, cree que faltó mayor rigurosidad en los plazos y, además, exceptúa de su vigencia al sector público, que es el de peor comportamiento en materia de pago a proveedores. “La iniciativa fija en tres años el período durante el cual el Estado, los organismos públicos y municipalidades estarán exceptuados de cumplir las obligaciones que establece el proyecto, lo que es lamentable”, plantea.
Además, una de las medidas más importantes y celebradas por las pymes que estaba contemplada en el anuncio era la posibilidad de usar el IVA crédito fiscal sólo después del pago de la factura. Sin embargo, al momento de ingresar el proyecto, fue eliminada por el Ejecutivo, aduciendo problemas técnicos operacionales, lo que es en extremo lamentable y debilita de sobremanera al proyecto. “El hecho de que una empresa sólo pueda deducir de su pago mensual de IVA el crédito fiscal de aquellas facturas pagadas, constituía un gran incentivo al pago oportuno a las empresas compradoras, por lo que es de esperar que dicha iniciativa se reponga en la discusión parlamentaria”, enfatiza.
En tercer lugar, el especialista manifiesta el problema que existe en cuanto a los plazos, pues para él 60 días sigue siendo demasiado extenso y permite todavía a las grandes empresas generar liquidez o “hacer caja” a costa de sus proveedores. “Un tiempo razonable y equitativo es de 30 días corridos, contados desde la emisión de la factura”, concluye.
