Opinión
Uno de los anhelos más arraigados entre los chilenos es el “sueño de la casa propia”. A diferencia de muchas naciones del hemisferio norte, en nuestro país valoramos muchísimo ser dueños del inmueble que es nuestro hogar. Es que tras la “casa propia”, no solo vemos un título de dominio o un haber económico, sino que se encierran un sinfín de ilusiones, esfuerzos y recuerdos, en torno a la construcción de un proyecto familiar común. Para muchos significa también la inversión económica más importante de sus vidas, dándoles una estabilidad que les permite vivir tranquilos y la satisfacción de tener “algo” para dejarles a sus seres queridos.
Grandes expectativas que corren el riesgo de frustrarse y convertirse en una pesadilla al momento de la jubilación, al tener que enfrentar una carga estatal especialmente gravosa: las contribuciones. Las que en muchos casos resultan imposibles de enfrentar solo con la pensión.
Pero vamos primero un poco más atrás. Los chilenos, a diferencia de lo que ocurre en países más desarrollados, tenemos muy poca conciencia de que pagamos impuestos y no parecemos advertir que tras cada compra en el almacén o supermercado el 19% de la cuenta corresponde a IVA. Sumémosle a lo anterior el que afecta a los combustibles, justificado por la reconstrucción tras un terremoto ocurrido varios años antes que muchos de nosotros naciéramos. Pagamos impuestos también sobre nuestros sueldos y otros ingresos, llegando hasta el 40% en el tramo más alto, lo que significa que algunos deben destinar 2 días de trabajo a la semana solo al enriquecimiento de las arcas fiscales.
El impuesto territorial, junto con configurarse como uno de las formas de cobro más seguras para el Fisco, teniendo como garantía de pago la misma propiedad, constituye una de las cargas más injustas, considerando que este tributo se determina mediante el avalúo que el misma recaudador define y no es otra cosa que un impuesto al ahorro. Algunos pretenden justificarlo sobre la supuesta “plusvalía”, pero esta no es más que un supuesto mientras el inmueble no se venda.
Nuestra legislación mandata al SII a re-evaluar los bienes raíces cada 4 años, encontrándose vigentes los nuevos avalúos desde enero de este año. Actualmente son 1.160.815 los inmuebles habitacionales afectos a contribuciones, cuya tasa es de 1,2% para bienes habitacionales con avalúo entre 33,2 y 118 millones de pesos y 1,4 % para los bienes que superen este monto, quedando exentas de pago las propiedades cuyo avalúo sea inferior a los 33,2 millones de pesos*.
El reavalúo significó, en promedio, un aumento cercano al 44% de las contribuciones, situación que afectó gravemente a la clase media, especialmente a los adultos mayores, quienes tienen que realizar grandes esfuerzos para llegar a fin de mes.
Durante el primer gobierno del presidente Piñera se promulgó la ley 20.732, rebajando el pago para aquellos adultos mayores cuyos ingresos no superen el tramo exento de pago del impuesto global complementario, limitando el pago hasta el 5% de sus ingresos anuales, estableciendo como requisito adicional que su propiedad no tenga un avalúo superior a los 75 millones o la suma de sus bienes raíces no supere los 100 millones*.
Evidentemente, esta normativa fue un alivio para muchos adultos mayores, pero hay miles que fueron excluidos y claman por una solución que salga en su auxilio.
Para esto hemos creado una iniciativa, con el fin de movilizar a la ciudadanía y a las autoridades políticas, que busca promover un proyecto de ley que amplíe la exención de pago, garantizándole a los adultos mayores poder vivir con tranquilidad en la casa que es su hogar. Contamos para ello con una plataforma digital (www.adultosmejores.cl) que explica la iniciativa y busca convocar adherentes a esta causa mediante la recolección de firmas digitales.
Mejorar la calidad de vidas de nuestros adultos mayores no es caridad sino justicia con quienes hicieron grande a nuestro país. ¡Es hora que les devolvamos la mano!
* Estos montos han sido reajustados en el tiempo
