La reciente aprobación del proyecto de ley que crea el Ministerio, la Superintendencia de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental ha generado opiniones encontradas en el mundo ecologista.
La reciente aprobación del proyecto de ley que crea el Ministerio, la Superintendencia de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental ha generado opiniones encontradas en el mundo ecologista.
Mientras en Chile Sustentable, liderado por Sara Larraín, la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), del abogado Fernando Dougnac y el representante legal del Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano, celebran la nueva institucionalidad ambiental, una amplia mayoría de organizaciones critican duramente el acuerdo que la ministra Ana Lya Uriarte pactó con la Alianza por Chile para posibilitar la rápida aprobación el proyecto.
Terram, Chile Ambiente, Acción por los Cisnes, Ecosistemas, Fundación Pumalin, Conapach, el Colegio de Antropólogos de Chile, Fundación Defendamos la Ciudad e incluso los sindicatos de Conaf, entre otras 16 organizaciones, reclaman por los vacíos que dejó el acuerdo fast track.
Patricio Rodrigo, de la Corporación Chile Ambiente, señala que el grupo vinculado al Programa Chile Sustentable valora la arquitectura del proyecto, «pero no se va a los temas de fondo al interior de esa arquitectura: el Senado echó atrás sugerencias de la Cámara de Diputados logrados con mucha participación ciudadana, por eso todos los grupos coordinados por Terram y Acción por los Cisnes establecieron un conjunto mayoritario de ecologistas que no celebraran que aquí no se dotó de herramientas de participación ciudadana»
Rodrigo, explica que a la mayoría no les pareció adecuada la forma del proceso legislativo y «cómo está funcionando la democracia, que no invoca la participación sino que la ve como una amenaza».
Más allá de estas diferencias de opiniones, también hay molestia con Sara Larraín. Según uno de los líderes de estas organizaciones «Sara cree representar a todo el mundo ambientalista porque inscribió su candidatura presidencial. Pero el mundo ecologista no le pone el piso político a su gestión».
En todo caso, aclara la misma fuente «se le reconoce que hace cosas buenas, pero se atribuye el liderazgo ambiental y eso le carga a mucha gente».
Al respecto, Larraín señala que «no me puedo hacer cargo de las criticas hacia mi persona. Cada uno es libre de opinar del resto lo que quiera. Además he trabajado en todo este proceso y cuando terminó la discusión en el Senado envié una minuta de siete páginas con lo acordado a todas las organizaciones. Más no tengo que decir. Sólo tengo que cumplir en forma honesta para mejorar las cosas y como lo he hecho en los últimos 30 años».
La reciente aprobación del proyecto de ley que crea el Ministerio, la Superintendencia de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental ha generado opiniones encontradas en el mundo ecologista.
Mientras en Chile Sustentable, liderado por Sara Larraín, la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), del abogado Fernando Dougnac y el representante legal del Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano, celebran la nueva institucionalidad ambiental, una amplia mayoría de organizaciones critican duramente el acuerdo que la ministra Ana Lya Uriarte pactó con la Alianza por Chile para posibilitar la rápida aprobación el proyecto.
Terram, Chile Ambiente, Acción por los Cisnes, Ecosistemas, Fundación Pumalin, Conapach, el Colegio de Antropólogos de Chile, Fundación Defendamos la Ciudad e incluso los sindicatos de Conaf, entre otras 16 organizaciones, reclaman por los vacíos que dejó el acuerdo fast track.
Patricio Rodrigo, de la Corporación Chile Ambiente, señala que el grupo vinculado al Programa Chile Sustentable valora la arquitectura del proyecto, «pero no se va a los temas de fondo al interior de esa arquitectura: el Senado echó atrás sugerencias de la Cámara de Diputados logrados con mucha participación ciudadana, por eso todos los grupos coordinados por Terram y Acción por los Cisnes establecieron un conjunto mayoritario de ecologistas que no celebraran que aquí no se dotó de herramientas de participación ciudadana»
Rodrigo, explica que a la mayoría no les pareció adecuada la forma del proceso legislativo y «cómo está funcionando la democracia, que no invoca la participación sino que la ve como una amenaza».
Más allá de estas diferencias de opiniones, también hay molestia con Sara Larraín. Según uno de los líderes de estas organizaciones «Sara cree representar a todo el mundo ambientalista porque inscribió su candidatura presidencial. Pero el mundo ecologista no le pone el piso político a su gestión».
En todo caso, aclara la misma fuente «se le reconoce que hace cosas buenas, pero se atribuye el liderazgo ambiental y eso le carga a mucha gente».
Al respecto, Larraín señala que «no me puedo hacer cargo de las criticas hacia mi persona. Cada uno es libre de opinar del resto lo que quiera. Además he trabajado en todo este proceso y cuando terminó la discusión en el Senado envié una minuta de siete páginas con lo acordado a todas las organizaciones. Más no tengo que decir. Sólo tengo que cumplir en forma honesta para mejorar las cosas y como lo he hecho en los últimos 30 años».
La ambientalista defiende su postura frente a la nueva institucionalidad ambiental detallando que «es un enorme avance: está la arquitectura que se requiere, las reformas al sistema de evaluación de impacto ambiental, se logró incorporar la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, entre varios otros temas».
Y concluye que «por mucho que estemos molestos porque el gobierno haya hecho un acuerdo con la Alianza, si no lo hubiera hecho no sé qué habría pasado, porque en el Senado estábamos en minoría, no había mucho espacio para darse lujos. Se logró una negociación súper exitosa. Uno puede tener rabias pero hay que reconocer que hay tremendo avance. Y lo perdido es prácticamente nulo».
