Vida Opinión
El país, a través de sus órganos de representación, necesita una definición de hasta qué punto estamos dispuestos a proteger y conservar a la naturaleza. Esto tiene enormes implicancias para nuestra vida y más aún en la de las futuras generaciones, pues tiene directa relación con la forma en que valoramos y utilizamos los recursos naturales que están en la base de todos los procesos productivos y que son los que de una forma u otra sustentan nuestra existencia.
Todo el desarrollo económico que ha tenido a la fecha el país ha provenido de la biodiversidad, sean los recursos naturales renovables, como la agricultura la pesca, los recursos forestales, ente otros, así como los recursos naturales no renovables de la minería, provenientes de la geología de los ecosistemas de montaña. También los servicios turísticos que se desarrollan, provienen de la riqueza de la biodiversidad de ecosistemas, reflejada en el paisaje natural y cultural de Chile.
El daño a la biodiversidad nacional, si bien se ha intensificado en las últimas décadas, no es nada nuevo para el país. Ya importantes científicos del pasado como Claudio Gay, Rodulfo Phillippi, Federico Albert, Rafael Elizalde, entre muchos otros, intentaron llamar la atención de las autoridades de la destrucción de los bosques nativos, de la erosión del suelo, la contaminación de las aguas, sin llegar a ser escuchados por las elites. Tanto fue la desidia observada a mediados del siglo pasado, que Rafael Elizalde llegó a inmolarse a lo bonzo en la Plaza de la Constitución para sensibilizar a un mundo político ciego, sordo y mudo respecto al daño ambiental que ocurría en el país.
Con la llegada de la democracia en los años 90, la suscripción de la Convención de la Conservación de la Diversidad Biológica por el país en la Conferencia de Río en 1992, así como con la aprobación de la Ley 19.300, sobre bases del Medio Ambiente en el gobierno del Presidente Aylwin, el país dio importantes pasos para ponerse al día de un tema que había estado ausente de la política pública. Sin embargo, los gobiernos posteriores ralentizaron la gestión ambiental por el temor a que una política ambiental pudiera frenar el crecimiento económico, tal como lo expresaba Nicolas Eyzaguirre, Ministro de Hacienda del ex Presidente Lagos en el año 2000, que una política ambiental efectiva se daría sólo cuando el país tuviera sobre los 20 mil dólares per cápita de ingreso, intentando bajar las aprensiones del mundo empresarial por la llegada de la ambientalista Adriana Hoffmann a la dirección de la extinta CONAMA.
[cita tipo=»destaque»]Este año nuevamente la OCDE realizó una evaluación del desempeño ambiental del país y respecto a la biodiversidad señala la necesidad de aprobar el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y acelerar su implementación, así como asegurar que disponga de los recursos financieros y humanos adecuados para el cumplimiento de su mandato. [/cita]
Ya la OCDE en la evaluación del desempeño ambiental del año 2005, constató las insuficiencias en la materia e insistió en la necesidad de contar con institucionalidad pública, que en concreto plantea “una entidad dedicada a la protección de la naturaleza constituida al amparo de una ley de protección de la naturaleza completa y única que sea responsable de la protección de los hábitat terrestres y marítimos, de la protección de las especies y de los programas de recuperación, así como de la diversidad biológica tendría más probabilidades de éxito que la estructura actual, con sus vacíos y superposiciones”.
Esta lapidaria evaluación de la OCDE, más que la presión interna de la ciudadanía, originó que el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, despachara un proyecto de ley para crear el Ministerio del Medio Ambiente y subirle el rango institucional a la CONAMA, que hacía agua por todas partes. Objetivo solo parcialmente logrado, dado que si bien se creó con la Ley 20.417 el Ministerio en las postrimerías del régimen, se mantuvo un Consejo de Ministros que tiene un rango superior y cualquier decisión relevante que deba tomar el Ministerio, que debe contar con la anuencia de los 11 ministerios restantes, entre los que se encuentran los que más impactan al medio ambiente, como Minería, Vivienda, Obras Públicas, Energía, Transporte, Agricultura, entre otros. Es decir se mantuvo el falso dilema que una política ambiental no puede frenar el crecimiento económico.
Este año nuevamente la OCDE realizó una evaluación del desempeño ambiental del país y respecto a la biodiversidad señala la necesidad de aprobar el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y acelerar su implementación, así como asegurar que disponga de los recursos financieros y humanos adecuados para el cumplimiento de su mandato. Destaca que si bien Chile ya superó la meta de Aichi para la Diversidad Biológica, al contar con un 19,5% de las tierras del país bajo protección oficial, aún hay importantes Ecorregiones que no están adecuadamente cubiertas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, por lo que recomienda concentrar las inversiones en esta materia en el aumento de dicha representatividad, al igual que en las costas y las áreas marinas de Chile continental.
En este punto la OCDE pone el dedo en la llaga de la política pública, dado que la ley mencionada es un compromiso que debería cumplirse acorde al mandato la Ley 20.417, a más tardar el año 2011. Han pasado seis años y todavía el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, duerme en el parlamento por diversas razones.
Durante el gobierno del Presidente Piñera una de las razones para el rechazo del proyecto por parte del Parlamento, fue la protesta y paro de los funcionarios de CONAF que no sabían cómo les podría afectar estos cambios institucionales, dado que su servicio sigue siendo una Corporación de Derecho Privado. El temor de ver la institución desmembrarse junto con la reducción de las plantas y la correspondiente pérdida de empleos fueron las principales aprensiones de los sindicatos que realizaron un eficaz lobby al respecto.
El actual gobierno repuso como indicación sustitutiva un nuevo proyecto dentro de los compromisos de los primeros 100 días, sin dejar contentos al mundo de las ONG que ha realizado una oposición frontal al proyecto, entre otras por no haber realizado consulta indígena, a pesar que muchos parques nacionales están en territorios protegidos por la ley indígena. Consulta que en la actualidad se está realizando en todo el país en coordinación con la CONADI.
En el trascurso se formaron varias comisiones con representantes de parlamentarios y del gobierno para avanzar en el proyecto, trabajo que quedó inconcluso, con incumplimiento de un protocolo de por medio, hasta que el ejecutivo despache las nuevas indicaciones al proyecto y le dé la urgencia necesaria para poder avanzar el su despacho.
El proyecto establece la instalación del Servicio de Biodiversidad y sus criterios básicos de operación. El mismo tendrá por tarea “Proteger la diversidad biológica, preservar la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental del país”. Para ellos asume las funciones de administración de territorios protegidos, diseño de planes de protección de especies, participar de evaluaciones ambientales en calidad de organismo técnico, participar de la cooperación internacional para la protección de la biodiversidad, fomentar la investigación y mantener inventarios actualizados de flora y fauna.
El país, a través de sus órganos de representación, necesita una definición de hasta qué punto estamos dispuestos a proteger y conservar a la naturaleza. Esto tiene enormes implicancias para nuestra vida y más aún en la de las futuras generaciones, pues tiene directa relación con la forma en que valoramos y utilizamos los recursos naturales que están en la base de todos los procesos productivos y que son los que de una forma u otra sustentan nuestra existencia. Esto tiene una connotación aún mayor en un país como el nuestro, donde la economía se basa en la extracción de recursos naturales y en el que el patrimonio natural es poco valorado.
Reponer por parte del gobierno las indicaciones pertinentes que posibiliten avanzar en la aprobación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, es una enorme oportunidad para plasmar una mirada estratégica del desarrollo nacional, entendiendo que la conservación de la naturaleza y su biodiversidad, en vez de ser un problema que frena el crecimiento económico, es una mirada diferente que posibilita abrir nuevas fuentes de ingreso para una economía basada en la sociedad del conocimiento, en servicios turísticos y ecosistémicos, que sean capaces de generar nuevos empleos de calidad con una baja inversión y que se garantice la sustentabilidad de un desarrollo, no solo basado en el crecimiento de la exportación de commodities, dejando de paso grandes pasivos ambientales y pérdida del capital natural del país.
Esperamos que el en seminario sobre “Urgencias y Desafíos de la Biodiversidad en Chile”, que se realizará el 22 de septiembre del presente, organizado por el Senado de la República, la Fundación Chile 21 y la Fundación Sendero de Chile, se articulen las voluntades políticas para desentrampar este proyecto y se logre aprobar una buena legislación en lo que queda de este gobierno.
