Un paso relevante para el sector técnico profesional

Una suerte de “derechos adquiridos”, convicción que a mayor antigüedad mejor calidad, y la siempre fuerte restricción de recursos, hizo que el financiamiento a instituciones y a estudiantes del Cruch fuera históricamente mayor al del resto de las universidades e instituciones del sector técnico profesional (TP). Hoy, treinta y cinco años después de la reforma que impulsó la entrada de nuevas instituciones universitarias y TP, sabemos que las categorías de universidades según su pertenencia al Cruch o al Estado, poco tienen que ver con calidad, y que la educación TP de calidad no sólo es masiva, sino que provee de alternativas tanto o más socialmente rentables que las ofrecidas en algunas universidades.

Esta semana hemos dado un salto importante en romper con una inercia de derechos históricos, y que de paso significa valorar la enseñanza de calidad en (ya no tan) nuevas instituciones, y en particular, en la enseñanza TP. Así, se legisló para terminar con la discriminación generada el 2015, que excluyó a rajatabla a los alumnos TP de la gratuidad, a la que sí accedieron alumnos universitarios. Desde el 2017, al igual que con las universidades, alumnos vulnerables de instituciones TP de acreditación de cuatro o más años y que no tengan fines de lucro o que teniéndolo, inicien un proceso de transformación para constituirse en fundaciones sin fines de lucro, serán elegibles para la gratuidad.

Hubo dificultades, negociaciones, críticas, y recriminaciones. El Gobierno impuso su criterio de que el lucro con recursos públicos en educación no debe seguir, pero cedió en mejorar el financiamiento a los estudiantes más vulnerables de instituciones acreditadas. La oposición cedió en no recurrir al Tribunal Constitucional a pesar que hay diferencias que se mantienen en el financiamiento, pero que se pueden entender como no discriminatorias si se las visualiza en un contexto de transición y de recursos limitados. La discusión también mostró que muchas veces las posiciones aparentemente filosóficas, son más producto de posicionamientos circunstanciales, con fuertes causas económicas.

Así, el paso dado es importante porque aumenta la credibilidad en la clase política. El discurso transversal de querer situar a la educación TP en un nivel tan relevante como la universitaria, carecería de coherencia si no hubiera habido un financiamiento sustancialmente mayor para los alumnos del sector.

[cita tipo=»destaque»]La discusión también mostró que muchas veces las posiciones aparentemente filosóficas, son más producto de posicionamientos circunstanciales, con fuertes causas económicas.[/cita]

Pero la sustentabilidad y el diseño adecuado futuro de la política en educación superior requiere más, requiere más consistencia y en esa línea hoy podemos identificar al menos dos tipos de medidas globales. Como ejemplo de medidas de corto plazo orientadas a perfeccionar el sistema, debe terminarse con la nueva distorsión que produjo la mejora de becas a universidades no Cruch para alumnos de los deciles 6 y 7, mejora que excluyó a los estudiantes TP. Esto profundiza el sesgo social que proviene del sistema escolar, que se exacerba con la PSU y que induce a concentrar a los estudiantes más vulnerables en el sector TP.

Como medidas de largo plazo, se requiere una política global de educación superior y de financiamiento, que considere la interacción de las distintas partes del sistema educativo completo, las complementariedades y evite que el presupuesto sea visto como un pozo, en el que se minimiza una mirada generosa de lo que se hace al lado, y donde las presiones corporativas dominan y las decisiones son zanjadas a la rápida, o en base de argumentos que nada tienen que ver con la dirección que se le desea dar al sistema, ni con la calidad, ni con el aporte histórico y esperado de las instituciones.

* Ricardo Paredes Molina es rector de Duoc UC