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Inclusión efectiva: todavía un largo camino por recorrer

por 20 marzo, 2017

Inclusión efectiva: todavía un largo camino por recorrer
Un avance importante fue la promulgación de la Ley 20.422, que establece que los edificios existentes de uso público o que presten un servicio a la comunidad, deberán efectuar las adecuaciones de accesibilidad que les permitan ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente por aquellas con movilidad reducida. La ley cumple un año y debiese implicar un cambio de paradigma en el diseño de edificios públicos, incorporando criterios de inclusión en el diseño.

Alguna vez el periodista Amaro Gómez Pablos postuló en una columna, a propósito de alguna campaña de la Teletón, la posibilidad de realizar su función habitual de conductor ancla de noticias desde una silla de ruedas. ¿Qué efecto mediático se habría producido si este montaje se hubiese realizado?, ¿Se hubiese escandalizado la audiencia?, ¿Se hubiese acusado a Gómez Pablo de sensacionalista?, Honestamente, me hubiese gustado ver el montaje y las reacciones que hubiese provocado. Más allá de estas posibles reacciones, la pregunta de fondo es si podríamos pensar como sociedad en que una persona en silla de ruedas o con alguna otra discapacidad pueda ser la cara visible de un noticiario u otro programa, o siguiendo la línea argumentativa, ¿podría una persona con discapacidad ser el cajero de nuestro banco, el profesor de nuestros hijos, etc.?

Revisemos un poco ciertos ejemplos internacionales: Ecuador tuvo hace poco la primera vuelta de su elección presidencial, donde el candidato Lenin Moreno obtuvo la primera mayoría en votaciones. Lenin Moreno es un candidato que se moviliza en silla de ruedas, ya que, luego de un asalto, perdió la movilidad de sus piernas. En este caso, su silla de ruedas pasó solo a ser un “acompañamiento”, y la campaña de enfocó principalmente en su carrera política y en las ideas que empuja. Ahora, si movemos a ese mismo político a nuestro país ¿Tendríamos el mismo tipo de comportamiento ante la sociedad? o incluso más allá ¿podría haber tenido esa misma posibilidad de participación política?, un dato no menor es que el salón plenario de nuestro Congreso no tiene las facilidades para recibir un congresista que ocupe silla de ruedas para desplazarse.

Imaginemos todo el viaje que cada uno realiza, simplemente desde que sale de su casa, hasta que llega a su trabajo, incluso, hasta cuando ya está dentro de su propia oficina. Imaginemos cuáles de pasos que se realizan en ese trayecto, requieren ayuda de otra persona, en caso de que las realice una persona con una discapacidad determinada: Este peso de la dificultad cotidiana que enfrentan todas las personas con algún tipo de discapacidad, y es en este contexto en el cual debe poder realizar las mismas tareas que cumplimos todos en la sociedad.

La inclusión efectiva de aquellos que posean un grado de discapacidad en nuestra sociedad, requiere esfuerzos, desde la incorporación en la educación desde pequeños, hasta la accesibilidad a oportunidades laborales y acompañamiento en la vejez. En términos simples, gente con discapacidades particulares requiere de soluciones particulares para acceder a las mismas oportunidades que el resto de la sociedad. Debemos dar estas soluciones para que, con las particularidades de cada uno, todos podamos desarrollar una vida plena y además, aportar desarrollo de nuestra sociedad.

Considerando esto, la inclusión efectiva implica todos los ámbitos de la vida diaria. Es algo necesario, y transversal, que cualquier persona pueda desenvolverse sin ningún problema, sin importar el área; salud, educación, cultura, alimentación y la lista sería eterna. Frente a este escenario ¿Qué podemos hacer como sociedad? ¿Tenemos las iniciativas necesarias para lograr esto? ¿Somos, en la práctica, un país Inclusivo?

A nivel legislativo, un avance importante fue la promulgación de la Ley 20.422, que establece que los edificios existentes de uso público o que presten un servicio a la comunidad, deberán efectuar las adecuaciones de accesibilidad que les permitan ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente por aquellas con movilidad reducida. La ley cumple un año ya desde su promulgación y debiese implicar un cambio de paradigma en el diseño de edificios públicos, incorporando criterios de inclusión en el diseño. Igualmente la Ley establece que edificios que hayan sido diseñados y/o construidos en forma previa a la promulgación de la Ley tendrán un plazo de tres años para adecuarse a los requerimientos necesarios para permitir mayores grados de inclusión. Esto implica que edificios como bibliotecas, colegios, universidades, de administración pública, entre otros tendrán que ser inclusivos a más tardar el año 2019.

¿Pero, qué significa esto para el Chile que queremos construir? Imaginemos todo el viaje que cada uno realiza, simplemente desde que sale de su casa, hasta que llega a su trabajo, incluso, hasta cuando ya está dentro de su propia oficina. Imaginemos cuáles de pasos que se realizan en ese trayecto, requieren ayuda de otra persona, en caso de que las realice una persona con una discapacidad determinada: Este peso de la dificultad cotidiana que enfrentan todas las personas con algún tipo de discapacidad, y es en este contexto en el cual debe poder realizar las mismas tareas que cumplimos todos en la sociedad.

Con esto en mente tenemos una oportunidad única como país, para poder lograr una inclusión efectiva, lograr que finalmente todos los ciudadanos sean iguales ante algo tan básico como el acceso a edificios, parece algo casi de “sentido común” pero que aún tiene un largo trecho por recorrer, aunque con este tipo de políticas públicas podriamos tener un primer acercamiento a una sociedad inclusiva. Tan importante como la promulgación de las leyes, es que estas se cumplan, y por lo mismo, pero debemos siempre estar atentos. Por estos días, se cumple un año desde la promulgación de la ley 20.422 y estaré atenta a sus avances.

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