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Caso SRCeI: Tribunal condena a ex doble asesor a cinco años de pena remitida

por 20 enero 2010

Una pena remitida de cinco años de libertad vigilada, sujeta al control de Gendarmería, más el pago de Multa 35 UTM resolvió este miércoles aplicar el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago al ingeniero Andrés Contardo, acusado por la Fiscalía Centro Norte por su presunta implicancia en las irregularidades detectadas en el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI).

Las condenas decretadas en un procedimiento abreviado se circunscriben al delito de "revelación de secreto con grave daño a la causa pública". En grado de consumado se dispuso una pena de tres años y un día de reclusión menor y la inhabilitación definitiva para ejercer cargos políticos y para empleos públicos, durante el tiempo de la sentencia, más el pago de una multa de 21 UTM.

Y en calidad de frustrado, Contardo deberá enfrentar 541 días de reclusión menor (remitido) en su grado medio e inhabilidad de ejercer cargos públicos, más una multa de 15 UTM.

En este sentido, la fiscal del área Centro Norte, Alejandra Godoy, expresó su conformidad con la pena, ya que "es lo que el Ministerio Público, en cuanto a la conformidad de la ley, podía solicitar para el señor Contardo".

Además, el tribunal rechazó la solicitud realizada por el Ministerio Público para sobreseer definitivamente a María Marcela del Pozo Latorre, quien fuera indagada a raíz del vínculo conyugal que la unía con el ingeniero.

También, declaró abandonada la querella interpuesta por los legisladores Nicolás Monckeberg (RN) y Víctor Pérez (UDI), porque no se presentaron sus representantes en la audiencia.

A Contardo se le imputa haber entregado información reservada a la firma india Tata Consultancy Services, para adjudicarse un contrato para renovar la plataforma tecnológica del servicio.

En la arista "Tata" del caso de Registro Civil, también se decretó en la misma audiencia el plazo de cierre de investigación para el 27 de marzo de 2010.

Asimismo, Carlos Balbontín, defensa de Andrés Tupper, ejecutivo de la empresa Tata, solicitó al Ministerio Público las interceptaciones telefónicas y sus transcripciones que no se encuentran en la carpeta de investigación. Para lo cual el tribunal estimó que se hiciera efectiva en el plazo de una semana.

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