La secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Rossy Lama, presentó este jueves una apelación el dictamen del magistrado de la Corte Suprema, Héctor Carreño, que estimó que es imposible reabrir la investigación sobre el homicidio del funcionario de Naciones Unidas chileno-español, Carmelo Soria Espinoza, ya que ésta fue sobreseída definitivamente al aplicársele la ley de Amnistía.
La acción busca que sea la Sala en lo Penal de la Corte Suprema quien resuelva conforme a la apelación que hace referencia a aspectos de jurisprudencia y normativa internacional que establecen la posibilidad de reabrir una causa cerrada por la citada Ley.
Según el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que presidió Raúl Rettig Guissen, Carmelo Luis Soria Espinoza, «era español acogido al Decreto de doble nacionalidad con Chile. Era casado, tenía tres hijos y 54 años de edad. Funcionario de Naciones Unidas, desempeñándose a la fecha de su muerte en Celade (Centro Lartinoamericano y Caribeño de Demografía)».
El informe explica que el 15 de julio de 1976 Soria «fue detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), después de salir de su oficina con destino a su hogar. Al día siguiente, 16 de julio, su cadáver fue encontrado junto al automóvil en que viajaba en el canal El Carmen en Santiago, siendo su muerte producto de la acción de agentes de la DINA, quienes desbarrancaron el automóvil para hacer aparecer la muerte como accidental».
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