El abogado Roberto Celedón formuló este martes un incidente de implicancia con el que busca inhabilitar al ministro en visita Manuel Valderrama Rebolledo de seguir conociendo la investigación por el crimen de Rodrigo Anfruns Papi.
El escrito presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago se fundamenta a raíz de las recientes resoluciones que permitieron reabrir el sumario y efectuar una serie de diligencias para esclarecer este caso.
Celedón sostiene que se buscó la implicancia por «haber el juez manifestado su dictamen sobre la cuestión pendiente con conocimiento de los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia».
«Las referidas dos resoluciones, la de cierre de sumario y la de negativa de reapertura, revelan un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión penal que funda la querella de delito de lesa humanidad. Sus contenidos, además, exceden la naturaleza de la materia procesal sobre la que se pronunció en ambas resoluciones».
En efecto, ha afirmado en el numeral 4º de la resolución de 19 de junio de 2009 que «ha llegado a la conclusión de que esta [la investigación se encuentra finiquitada, no encontrando ningún antecedente que permita alterar la verdad real o material y procesal determinada en su oportunidad».
Y, en la resolución de 13 de julio de 2009 afirma que el resultado de las diligencias decretadas en esta investigación «no han arrojado ni aun indicios que conlleven a presumir la participación de terceros -agentes del Estado- en la muerte de Rodrigo Anfruns Papi».
Agregó que el actuar del magistrado constituye un pronunciamiento sobre el fondo, comprometiendo la imprescindible independencia e imparcialidad exigible a todo y cualquier órgano jurisdiccional.
«Como lo afirmáramos en el escrito de apelación a la negativa de la reapertura del sumario, que damos por reproducido en lo pertinente, las resoluciones que reprochamos no tienen sustento material ni procesal, e implican minusvalorar todo el mérito del proceso e incluso la propia investigación dirigida por V.S.I. en los expedientes de cuadernos reservados», afirmó.
El jurista argumentó que para la parte querellante existe «la más profunda e íntima convicción de que la muerte del niño Rodrigo Anfruns no fue un delito común y que todas las circunstancias que rodearon el hecho y los 11 días de su desaparición hasta su hallazgo en el sitio eriazo detrás de la casa de la abuela paterna, nos llevan a la insoslayable conclusión que estamos frente a un delito de secuestro, tortura y muerte en la que participaron de manera determinante agentes del Estado y donde el menor inculpado, PPV, si alguna participación tuvo lo fue sólo en la primera fase, aquella del secuestro».
Y agregó en el documento que «lamentamos las afirmaciones contenidas en las resoluciones judiciales emanadas de que estimamos que fundan la causal de implicancia alegada, sin perjuicio de valorar los avances habidos durante la investigación encabezada por, la que nos confirma plenamente en nuestra percepción sobre los hechos. Tenemos profunda confianza que las medidas recientemente decretadas por la I. Corte, tanto respecto de las solicitadas por la defensa como las ordenadas de oficio, nos llevarán a resolver esta causa que despierta el interés de toda la comunidad nacional».
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