La Asociación Chilena de Organizaciones No Gubernamentales, Acción, exigió que se investiguen las asignaciones discrecionales de recursos y expresó la necesidad de aprobar prontamente una institucionalidad pública que garantice el fortalecimiento de una sociedad civil autónoma.
A partir de la polémica generada por la entrega de 3 mil 106 millones entregados a organizaciones civiles la agrupación manifestó su rechazo a las asignaciones discrecionales a entidades que no califican como ONGs de desarrollo.
Álvaro Ramis, presidente de la instancia, explicó que existe un ‘déficit institucional’ con respecto a ONGs, el cual provoca, a su juicio, un predominio de la discrecionalidad en asignaciones presupuestarias y una carencia de mecanismos estables que den continuidad a las políticas implementadas.
El dirigente junto con afirmar que son estas mismas organizaciones las que están interesadas en que se clarifiquen, investiguen y sancionen las irregularidades que ocurren, también plantean que esto se debe aplicar a cualquier responsabilidad política que se esclarezca.
«Exigimos en reciprocidad, claras responsabilidades políticas a quienes se han opuesto sistemáticamente a legislar a favor de una institucionalidad pública que garantice el fortalecimiento de una sociedad civil autónoma, que no esté expuesta a las contingencias políticas ni sea susceptible de controles arbitrarios», finaliza.
Ramis explicó que «se trata de una carencia histórica en la relación entre el Estado y la sociedad civil, por lo que nada garantiza que en el nuevo gobierno no se aplicarán criterios igualmente discrecionales y fluctuantes».
En tanto, en la Cámara de Diputados, las bancadas de la Alianza, encabezadas por Patricio Melero (UDI) y Joaquín Godoy (RN), presentaron 20 oficios de solicitud de información, a las respectivas subsecretarías de gobierno, para esclarecer lo sucedido con los fondos transferidos en las postrimerías del gobierno de Michelle Bachelet.
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