Un recurso de protección en favor de 45 jóvenes que son atendidos por la Corporación Prodel presentaron ejecutores del «Programa público de tratamiento de adolescentes infractores de ley con consumo problemático de alcohol y sustancias psicoactivas, sicotrópicas e ilícitas», implementado por dicha entidad, en virtud de la no cancelación de los recursos para la compra de medicamentos necesarios para su tratamiento.
La acción legal, en contra de representantes nacionales y regionales del Ministerio de Salud, Conace, Sename y Fonasa, se fundamenta en que la situación pone «en serio riesgo la integralidad física y psíquica de los niños internos privados de libertad por orden de los Tribunales Chilenos en el CIP-CRC Limache (Ex- Lihuén) de la Región de Valparaíso».
Vale señalar que el atraso en el pago de cerca de 33 millones de pesos –atribuido a trabas administrativas- también ha devenido en no el pago de los honorarios, desde enero, de los profesionales a cargo del tratamiento de los menores.
El asistente social Francisco Ubilla, uno de los recurrentes, sostuvo que «dichos niños poseen una diversidad de problemas de salud mental, entre ellos la adicción a sustancias ilícitas tales como pasta base, cocaína y marihuana, y presentan sintomatologías y patologías mentales tan variadas como daño orgánico, depresión, trastorno de personalidad disocial, ideación e intentos suicidas recurrentes, lo que, sumado a la privación de libertad, constituye un cuadro de extrema vulnerabilidad bio-psico-social».
En ese contexto, la falta de medicamentos constituiría un serio riesgo para su salud.
El senador Francisco Chahuán expresó su preocupación por la situación y, sin perjuicio de la acción legal, realizó una serie de gestiones, entre las que se contaron conversaciones con el Ministro de Justicia, el Intendente Regional y los seremis de Salud y Justicia, en aras a que los cerca de 33 millones de pesos adeudados se cancelen en el transcurso del día o, a más tardar, mañana.
El legislador sostuvo que «este tipo de situaciones no se deben repetir en el futuro, por lo que hemos pedido al Gobierno Regional y las Seremías mejorar las coordinaciones, dado que se trata de un Convenio 2, donde son actores el Sename, el Conace, el Minsal y Fonasa».
Al respecto señaló que el Seremi de Salud, Jaime Jamett, se habría comprometido a efectuar el pago de los mismos dentro de esta semana.
Ubilla, en tanto, dijo que «se debió recurrir a la última instancia que teníamos, la cual era presentar un recurso de protección, luego de 90 días sin recibir fondos para poder continuar con los tratamientos de los niños privados de libertad en el Lihuén por orden de los Tribunales de Justicia».
Además precisó que «la gravedad del asusto radica que existe un grave riego de que los niños objeto de tratamiento se descompensen, derivando en la posibilidad cierta de que atenten contra sus propia vía o la de otros, sea mediante automutilaciones o en riñas con otros internos».
Asimismo, recordó que «estos recursos ya estaban asignados y por problemas burocráticos no han sido liberados, lo que es gravísimo, debido a la experiencia vivida en el Centro Lihuén con la muerte de Priscila Donoso en Diciembre del 2008».
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