Usurarios de la Ruta de La Madera interpusieron una demanda por 150 millones de pesos en la Corte de Apelaciones de Concepción, contra de la empresa, acompañados por el senador Alejandro Navarro, quien expresó que se cobra un excesivo peaje por una vía totalmente «insegura y deteriorada, lo cual ha provocado una serie de accidentes con resultados fatales».
En senador Navarro comentó esta demanda «se presenta en contra de Juan Eduardo Vargas, Gerente General y representante legal de Camino de La Madera S.C.S.A, y se sustenta en el artículo 3 de la Ley del Consumidor 19.496, la que dice expresamente que es derecho de los consumidores recibir un servicio completo y oportuno, lo que en este caso no está ocurriendo».
En este sentido, Navarro explicó que «el camino está totalmente en mal estado, con socavones, cortes de ruta, levantamiento de asfalto, peligro de derrumbe y por los conocidos problemas anteriores como las malas señaléticas, los problemas en el pavimento, el mal sistema de drenaje, sin barreras de protección; todo lo cual junto con afectar el deterioro de la carretera provocan daños en los vehículos que transitan por la ruta, además de los lamentables accidentes y colisiones que se han provocado».
Por otro lado, Navarro reiteró la urgente necesidad de «que la Ruta vuelva a manos del Estado, para que éste realice las reparaciones respectivas; las mismas que la concesionaria, está claro, no está dispuesta a hacer, a pesar de que es su responsabilidad. Viene el invierno y con ello se acrecentarán los problemas y el deterioro de la vía, aumentando su peligrosidad e inseguridad».
Al acción judicial se sumaron los alcaldes de Coronel Leonidas Romero; de San Pedro de la Paz, Audito Retamal; de Negrete, Edwin Von Jentschyk; el concejero regional Eduardo Araya; así como también las Asociaciones de Defensa de los Derechos de los Consumidores de la Región Biobío, y la de Defensa Ciudadana de Nacimiento; las Federaciones de Empresarios de Transporte de Carga y la de Dueños de Camiones de Coronel.
Finalmente, el senador advirtió al Ministerio de Obras Públicas que si ellos no toman carta en el asunto y «si lamentablemente ocurriera un accidente, el Estado, el Gobierno sería co-responsable del hecho, ya que
como entidad tienen la responsabilidad de proteger a los usuarios y de velar por el fiel cumplimiento de los contratos pactados, lo que hasta ahora a simple vista no ha ocurrido».
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