La Corte Marcial de la Armada decidirá este martes la competencia de la justicia militar para conocer la primera querella criminal presentada por incumplimiento de deberes militares y cuasidelito de homicidio múltiple en contra del comandante Mariano Rojas, ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA).
Además, la acción judicial está dirigida en contra del teniente primero Mario Andina Medina, jefe del Departamento Oceanográfico del SHOA, Mario Andina Medina y en contra de los funcionarios de la institución que resulten responsables por las muertes de centenares de chilenos derivadas de la falla en la alerta de la existencia de un tsunami en las costas de la zona centro sur del país.
A dicha audiencia comparecerán el abogado querellante Raúl Meza Rodríguez, patrocinado por la Fundación Simón Yévenes en representación de familiares de victimas del tsunami que fallecieron en la ciudad de Constitución, y por otra, la Fiscal Regional de la zona Metropolitana Occidente, Solange Huerta, en representación del Ministerio Público y en su calidad de fiscal especial para la investigación de los hechos ocurridos el 27 de febrero pasado.
A juicio del equipo de juristas querellantes, al existir eventuales responsabilidades penales de personas que están revestidas con el fuero militar, estos hechos deben ser conocidos por los tribunales militares en tiempos de paz, en particular la competencia debe radicarse en las fiscalías navales y los tribunales navales. Sin embargo, Huerta ha sostenido en su petición ante el Tribunal Naval de Valparaíso que, habiéndose radicado el conocimiento de los hechos producidos por las consecuencias del tsunami ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el cual entró a conocer de ellos con anterioridad al Juez militar, le corresponde a la justicia penal ordinaria seguir conociendo de esta causa hasta la determinación de las eventuales responsabilidades penales de los funcionarios de la Armada.
Asimismo, el equipo de juristas solicitará el mismo día de los alegatos la designación de un ministro en visita extraordinario para que se avoque en forma exclusiva al conocimiento e investigación de las muertes y, además, le pedirán a la Huerta que se declare incompetente para seguir investigando.
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