La Comisión Coordinadora de la Reforma Procesal Penal reanudará su trabajo la próxima semana para revisar y mejorar el funcionamiento del sistema penal, lo que en términos prácticos debería terminar –entre otros cambios- con la disparidad de criterios de procedimiento entre jueces y fiscales, que ha permitido que personas imputadas de graves delitos queden en libertad.
La reactivación de esta instancia –que sesionó por última vez en 2007- la anunció el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, este jueves al referirse al caso de que dos personas confesas de un homicidio en Peñalolén fueron dejadas en libertad por un juez de garantía, hecho que, dijo, se suma a situaciones anteriores como el del llamado «sicópata de Placilla», en cuyo caso los jueces no otorgaron la orden de detención, previa a los últimos crímenes del sujeto, solicitada por el fiscal y debido a que se estimaron insuficientes los antecedentes aportados.
«Lo clave es coordinar los distintos actores, y en ese sentido el Ministerio de Justicia ha reeditado una iniciativa que dejó de funcionar el año 2007 y es lo que precisamente se llama la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal, donde participan el presidente de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional y otros agentes más, con el objeto de tratar casos como éste y ver qué mejoras legislativas o de procedimiento podemos implementar», dijo Felipe Bulnes.
Junto con informar que el jueves de la próxima semana se realizará esta reunión en el Ministerio de Justicia con la asistencia de las máximas autoridades involucradas, el secretario de Estado confirmó que como la vigencia legal de esta unidad coordinadora vence el 16 de junio próximo, el gobierno patrocinará una moción de la senadora democratacristiana Soledad Alvear y del senador del gremialismo Jaime Orpis para hacerla permanente, e incorporar a ella las máximas autoridades de Carabineros e Investigaciones.
El ministro de Justicia formuló estas declaraciones esta jornada al ser consultado por el anuncio que efectuó hace algunos días el Presidente Sebastián Piñera, en Valparaíso, sobre una reestructuración del Servicio Nacional de Menores (Sename).
«Fundamentalmente lo que está previsto respecto al Sename es que la sección de protección de niños, aquella parte del servicio que se preocupa de resguardar los niños en riesgo o infraccionados, va a pasar depender de un Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia que finalmente va a estar radicado en el nuevo Ministerio de Desarrollo Social», declaró el ministro.
Fundamentó esta iniciativa en que «es clave que una instancia de protección de los niños esté a cargo de un ministerio enfocado al desarrollo social y en un servicio específicamente orientado en exclusividad a la protección de los menores, y no como ocurre hoy día que en el Sename confluyen dos responsabilidades que son tanto proteger a los niños, como también de la persecución penal de los adolescentes. Son dos funciones distintas y creemos sano separarlas».
En cuanto al área del Sename que está a cargo de los menores de edad que cometen delitos, Felipe Bulnes adelantó que en el futuro está previsto que la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente quede a cargo del Servicio de Persecución Penal y Rehabilitación.
«Pero en tanto no se cree este Servicio de Persecución Penal y Rehabilitación, lo mismo que en tanto no esté implementado el Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia, ustedes pueden contar con que el Sename va a dedicar, con el apoyo del Ministerio de Justicia, los mejores esfuerzos por seguir cumpliendo las tareas que hoy desarrolla con la mayor eficacia posible», dijo el secretario de Estado.
El ministro Bulnes reiteró también que la Reforma Procesal Civil es uno de los ejes que va a empujar el Gobierno a través del Ministerio de Justicia, al decir que así como se han implementado importantes reformas, falta la gran reforma, que es la reforma a la justicia civil, donde hoy se tramita el 60 por ciento de las causas que ingresan a los tribunales.
«La justicia no sólo tiene que estar a cargo de proteger a los ciudadanos de los delitos y de perseguir a los delincuentes, sino que también tiene que estar a cargo de resolver las problemas de la gente honesta, y en ese sentido creemos que hay una deuda pendiente, una gran reforma, que es gran desafío del Gobierno y que estamos seguros que la vamos a encabezar y dirigir con éxito», expresó.
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