El diputado Aldo Cornejo (DC), junto a otros legisladores de la Concertación, presentaron este jueves una acusación constitucional contra la intendenta de Atacama, Ximena Matas Quilodrán, y el gobernador de Copiapó, Nicolás Noman Garrido.
La arremetida del bloque opositor, que consta de 18 páginas, busca dar con los presuntos responsables de un instructivo que pretendía conformar «listas» de militancias políticas y dirigentes sindicales de funcionarios del mencionado gobierno regional.
«Esta es la primera acusación constitucional presentada en el Gobierno de Piñera, pero no la última, eso queremos advertirlo. Es impresentable e inaceptable lo que ha ocurrido en Atacama, pues ninguna persona, ni el Presidente, pueden realizar una petición como la que se formuló en aquella oportunidad pidiendo datos personales con la militancia de los funcionarios. No me gusta mirar para atrás, pero esto, lamentablemente, nos recuerda lo que ocurría en la época de Pinochet. Hay derechos elementos que debemos resguardar y aquí, francamente, con las peticiones realizadas, se están vulnerando garantías constitucionales de todos los chilenos», acusó Cornejo.
Asimismo, el diputado Gabriel Silber afirmó que «esta es una poderosa señal para que el Gobierno sepa que utilizaremos todos los mecanismos legales y constitucionales que existen para desarrollar nuestra labor fiscalizadora.
Mientras que Sergio Aguiló (PS) sostuvo que es una decisión seria, pues «con las acusaciones constitucionales no se juega».
«Hemos analizado política y constitucionalmente fundamentos éticos, jurídicos y morales para presentarla. Para ninguno ha sido un paso fácil, porque no por el hecho de ser de oposición podemos usar instrumentos legales sin justificación», explicó.
La iniciativa legal, suscrita por todos los partidos de la Concertación y del Partido Comunista, fue presentada por los diputados Aldo Cornejo, Gabriel Asencio, Gabriel Silber y Roberto León (PDC); Alberto Robles (PRSD); Adriana Muñoz y Tucapel Jiménez (PPD), Sergio Aguiló, Denise Pascal y Fidel Espinoza (PS) y Lautaro Carmona (PC).
OFICIALISMO DEFINE COMO «SHOW MEDIÁTICO»
«Nos resulta incomprensible que la Concertación se preste para este show mediático». De ese modo reaccionaron los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) tras conocer los argumentos que esgrime la oposición para presentar una acusación constitucional contra la intendenta de la Tercera Región, Ximena Matas, y contra el gobernador de Copiapó, Nicolás Noman.
Los diputados concertacionistas y comunistas presentaron esta mañana dicha acusación fundados en un oficio que solicitaba, entre otras informaciones, la militancia política de los funcionarios de la Intendencia, la gobernación y las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremías).
Sin embargo, de acuerdo al diputado UDI por la zona, Giovanni Calderón, la intendenta Matas «nunca firmó el documento del cual se le acusa. El documento que sirve de fundamento a esta acusación es una hoja, un anexo de un oficio y la intendenta nunca lo tuvo a la vista porque se encontraba fuera de la región y estaba siendo subrogada por el gobernador».
En este punto, Calderón añadió que «el intendente (s) en ese momento (Nicolás Noman) tampoco tuvo a la vista este anexo, que apareció posteriormente (…) y el mismo día que se enteró de su existencia, dictó una resolución revocatoria de ese oficio». Es más, añadió que dicho documento dio motivo a un sumario interno en la repartición.
El legislador de la UDI enfatizó, además, que, en virtud de dicha revocatoria, el anexo en cuestión «nunca produjo ningún efecto jurídico, no se despidió a ningún funcionario ni de la Intendencia, ni de las seremías ni de la gobernación en base a la información que allí se solicitó».
«Por lo tanto, está claro que esta acusación constitucional es probablemente el mayor bluff de la Concertación en toda la historia de las acusaciones constitucionales, porque carece de todo fundamento jurídico y constitucional», sentenció Calderón.
En la misma línea, el jefe de bancada de la UDI, Patricio Melero, calificó la decisión del bloque opositor como «un síntoma más de lo descolocada y perdida que está la Concertación, que no ha encontrado nada mejor que, para tratar de perfilarse después de la derrota que tuvieron en enero en la presidencial, fustigar y atacar al gobierno por donde sea».
A juicio de Melero, la acusación constitucional presentada «se inserta dentro de una estrategia global de la Concertación de negarle la sal y el agua al gobierno de turno, de romper cualquier forma de acercamiento o de convocatoria a la unidad nacional y de tratar de justificarse en su actuar político, oponiéndose a todo lo que venga del gobierno».
En este contexto, el parlamentario aseguró que «esta acusación constitucional carece de todo fundamento y, por lo tanto, no tiene ninguna posibilidad de prosperar; da a lo más para una investigación interna, que es lo que se está haciendo».
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