Con el fin de implementar el plan de masificación de los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) y reconstituir las subcomisiones de trabajo en los temas de seguimiento de la población infractora y de reformas legales, se constituyó la Mesa Intersectorial Tratamiento de Drogas para Infractores Bajo Supervisón Judicial.
En la reunión participaron la secretaria ejecutiva del dicha institución Conace, Francisca Florenzano; la directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, Javiera Blanco; el director de la Unidad Especializada en Drogas del Ministerio Público, Manuel Guerra, y representantes del Poder Judicial y de los ministerios de Justicia y Salud, quienes además conocieron los datos de la última Encuesta Satisfacción del Usuario TTD.
Este año el programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) está ejecutándose a través de siete fiscalías en 18 Tribunales de cuatro regiones: Valparaíso, Metropolitana, Tarapacá y Antofagasta, involucrando una inversión total de $1.083.296.440, financiada por el Gobierno a través del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace).
La secretaria ejecutiva del Conace, Francisca Florenzano, manifestó que uno de los desafíos de este programa es ampliar la cobertura anual, que a la fecha es de 300 cupos. Agregó que el trabajo de esta mesa está en línea con el objetivo de evaluar e implementar en todo el país este programa planteado en el programa de Gobierno y reiterado por el Presidente de la República en su reciente visita a Chacalluta.
«El modelo de Tribunales de Tratamiento de Drogas además de prevenir y reducir la comisión de delitos es una instancia para brindar tratamiento oportuno por consumo problemático de drogas, otorgando una nueva oportunidad a los primerizos en delitos menores y que son evaluados como consumidores problemáticos», enfatizó.
Por su parte, la directora ejecutiva de Paz Ciudadana, Javiera Blanco, destacó que «en los seis años de funcionamiento de los Tribunales de Tratamiento de Drogas en el país han egresado 190 imputados, de los cuales el 76% no ha vuelto a ser formalizado por un nuevo delito. Se trata de población principalmente masculina, con un promedio de 29 años, que principalmente (34%) ingresa por delitos contra la propiedad. La mayoría de la población ingresada presenta compromiso biopsicosocial moderado y severo por consumo de pasta base».
Este programa, impulsado desde 2004 por Paz Ciudadana e inserto en los tribunales de garantía, consiste en que los imputados por delitos relacionados con consumo problemático de drogas son derivados de manera voluntaria a rehabilitación, bajo la supervisión directa del Tribunal, mediante la herramienta legal de la suspensión condicional del procedimiento. Durante todo el proceso son monitoreados y acompañados individualmente por una trabajadora social y una psicóloga y mensualmente participan de una audiencia en la que relatan ante el Juez de Garantía cómo se ha ido desarrollando el tratamiento.
El costo mensual por tener una persona en cárcel concesionada alcanza $372.215, mientras que el costo para rehabilitar a esa misma persona es de $211.703. Esto demuestra la eficiencia de este programa.
Encuesta Satisfacción del Usuario TTD
En marzo de 2010, la Fiscalía Nacional y Paz Ciudadana aplicaron una Encuesta de Satisfacción a 77 usuarios de los TTD. En relación a «Satisfacción general con el Programa», un 79% dijo estar está muy de acuerdo en que el programa fue una buena oportunidad, mientras que 77% manifestó estar muy dispuesto a recomendar el programa a algún amigo o familiar que tuviera problemas con la justicia y las drogas.
Consultados por la «Influencia del juez», 62% considera que las audiencias periódicas ayudan a su recuperación, 68% está muy de acuerdo con que las felicitaciones del juez ante sus logros le ayudan en su proceso.
Sobre las «Audiencias Mensuales», 68% está muy de acuerdo en que las audiencias mensuales servirán para no volver a cometer delitos y 74% está muy satisfecho con el trato y reconocimiento del tribunal en las audiencias. Esto revela que las audiencias mensuales y la suspensión judicial son uno de los elementos centrales del modelo.
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