Un detallado análisis de un proyecto de ley presentado recientemente al Congreso efectuaron la Defensora Nacional, Paula Vial Reynal, y el diputado Gonzalo Uriarte, autor de esta iniciativa parlamentaria -apoyada por otros 10 representantes de la Cámara Baja-, que busca modificar la Constitución Política para facilitar y finalmente hacer realmente viable el pago de indemnizaciones a personas afectadas por errores judiciales que afecten sus derechos.
Durante la reunión, en la que también participó el abogado Gonzalo Medina Schulz, jefe de Estudios de la Defensoría Penal Pública, el legislador explicó que sobre todo en los casos de ciudadanos que ven injusta o arbitrariamente privada su libertad, es necesario que la ley permita un mecanismo de reparación para ese daño, criterio que fue compartido por la Defensora.
«Conocimos recientemente el caso de Cristián López, quien fue imputado por delitos de violación que no cometió y debió pasar cinco días en prisión preventiva hasta que el examen de ADN demostró que era inocente. Los autores de este proyecto creemos que llegó la hora de actualizar la norma constitucional y defender de esa manera los derechos de personas que injusta o arbitrariamente han sido víctimas de privación de libertad, que es lo que más nos preocupa», explicó Uriarte.
El parlamentario añadió que hace algunos años presentó un proyecto similar, que finalmente fue archivado, de modo que al hacerse pública la situación que afectó a este vendedor ambulante –que llegó a ser expuesto como el ‘violador de Ñuñoa’-, decidió presentar un nuevo proyecto del mismo tipo.
«De todos los casos que uno revisa, la privación de libertad es por lejos la mayor vejación que se le puede provocar a un ser humano, sobre todo cuando esa privación es ilegítima, arbitraria, caprichosa. Y lo que hace este proyecto es poner el tema en discusión. Esperamos que todos los actores vinculados con la administración de justicia se abran a esta discusión», declaró.
SÓLO TRES CASOS
Tal como lo expuso Paula Vial durante la conversación, se trata de un tema de fondo, pues casos como el de López no son aislados. De hecho, sólo el año pasado 639 personas que fueron imputadas y luego absueltas de distintos delitos estuvieron en prisión preventiva durante la tramitación de sus causas.
Al respecto, la norma constitucional actual permite o da pie al pago de indemnizaciones sólo en los casos en que la Corte Suprema haya condenado o sometido a proceso a un persona a través de «una sentencia manifiestamente injusta o arbitraria», calificación que tanto el diputado como Paula Vial consideraron requisitos muy difíciles de probar en un juicio, lo que explica que hasta ahora no existan más de tres casos en que el Estado ha pagado finalmente una indemnización.
«Lo que nos interesa es que en todos los casos en que una persona haya estado privada de libertad y finalmente haya resultado absuelta –y en consecuencia, esa privación de libertad haya sido injustificada o haya afectado a una persona inocente- se le repare por la privación que sufrió de este derecho tan fundamental. En estos errores hay una responsabilidad pública involucrada. Es el Estado el que persigue penalmente a las personas, y obviamente es quien tiene que hacerse responsable de indemnizar, independiente de la responsabilidad funcionaria que exista», señaló la Defensora Nacional.
CAUSAS DE ERRORES
La autoridad agregó que, en general, las causas de estos errores se refieren a diligencias de investigación como reconocimientos en ruedas de presos o confesiones no efectuadas como corresponde, es decir «de acuerdo con protocolos preestablecidos y públicamente conocidos, que fijen estándares mínimos para las investigaciones».
Tras reunirse con Paula Vial, el diputado Uriarte concurriría hasta el despacho del ministro de Justicia, Felipe Bulnes, para revisar el mismo tema, tal como pretende hacerlo pronto con las autoridades del Ministerio Público y con el presidente de la Corte Suprema. El proyecto del parlamentario –en tanto- ya fue presentado y pronto será puesto en tabla por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara.
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