El fiscal del área metropolitana Centro Norte, Víctor Vidal, presentó este martes la acusación por la denominada ‘red de corrupción’, cuya principal líder era la ex funcionaria judicial y de Policía de Investigaciones (PDI), Margarita Cuadros Aedo, para efectuar el juicio principalmente por el delito de asociación ilícita.
Durante esta jornada Cuadros, quien permanece en prisión preventiva, solicitó nuevamente su libertad al Séptimo Juzgado de Garantía, sin embargo, ésta fue denegada.
Por el delito de asociación ilícita, el Ministerio Público solicita para Cuadros una pena de 10 años y un día; por el cargo de falsificación de instrumento público siete años; por cohecho, tres años; receptación, 540 días; sabotaje informático y revelación ilícita, cuatro años y obstrucción a la investigación, dos años.
Además de la ex actuaria judicial, la acusación recae en Uberlinda Elizondo Uribe, Manuel Alejandro Donoso Cáceres, Mario Acuña Zagal y Luis Muñoz Chamorro.
De acuerdo a los antecedentes recabados por la Fiscalía Centro Norte, desde enero del año 2007 hasta octubre del año 2008, un grupo de funcionarios de la Policía de Investigaciones, Carabineros, Servicio Médico Legal (SML), del Poder Judicial y de particulares, «conformaron una asociación ilícita para ejecutar una gran cantidad de delitos, de manera indefinida en el tiempo, consistentes en ofrecer y otorgar una serie de servicios ilegales tendientes a favorecer a distintos imputados, procesados y/o sentenciados en causas criminales, tanto del antiguo como del nuevo sistema procesal penal, recibiendo a cambio de sus acciones un precio u otro beneficio avaluable y no avaluable en dinero».
Esta organización se originó en reuniones efectuadas a inicios del año 2007 en el restaurante Pollo Caballo, de la comuna de Santiago, a la que concurrieron los imputados Cuadros Aedo, Elizondo Uribe, Gloria Navarrete Saavedra, Andrea Fuentes Alarcón y Ricardo Pérez Landeros y se mantuvo activa hasta octubre de 2008.
Los delitos imputados a esta organización criminal, se relacionan «con ingresar y recabar información desde el sistema informático confidencial y reservado de la PDI, consistentes en órdenes judiciales de detención y aprehensión, arraigo, arresto, antecedentes penales, causas pendientes y otras informaciones contenidas en el Registro Gepol, para entregarla y revelarla a terceros u ocuparla en la comisión de otros delitos», según informa el Ministerio Público.
Además, el órgano persecutor señala que la agrupación modifica y oculta datos de este sistema de registro, junto con «confeccionar resoluciones judiciales falsas y usarlas en el reconocimiento de abonos de tiempo de prisión preventiva por causas criminales inexistentes, confeccionar contra órdenes de detención falsas u oficios de levantamiento de arraigo falsos, para dejar sin efecto órdenes de aprehensión y arraigos vigentes y en general, elaborando todo tipo de sentencias resoluciones judiciales y oficios falsos».
También, la Fiscalía Centro Norte sostiene que sustrajeron y cambiaron muestras de sangre para el examen de alcoholemia, para evitar condenas por manejo en estado de ebriedad y expedientes criminales para favorecer a involucrados en ilícitos, dentro de los que destaca el caso del ex jefe de la Brigada de Robos Metropolitana de la PDI, Trevor Oyarzún, quien fue condenado en abril de 2009, por conducción en estado de ebriedad y cohecho.
Para ocultar el hecho, Oyarzún en complicidad con Cuadros y otra imputada en este caso, María José Chávez, acuerdan un pago de 1,5 millón de pesos para cambiar su muestra de sangre del SML.
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