El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, reiteró este martes que «queremos sostener cualquier discusión con Juan Aliste en Chile», tras la entrega de una carta por parte de la hermana del ex lautarista en Argentina al presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, exigiendo que sea extraditado y no expulsado del país trasandino.
Al respecto, el titular de la cartera de justicia, afirmó que el gobierno tiene la firme convicción y decisión de tener de regreso a Aliste en Chile lo antes posible.
«Hemos instado a que el gobierno Argentino decrete la expulsión, ya lo hizo la autoridad y falta que resuelve el juez en Argentina. Juan Aliste Vega tiene cuentas pendientes con la justicia chilena, aparece como uno de los principales implicado en el cruel asesinato del cabo Luis Moyano y nosotros queremos que esté prontamente en nuestro país para rendir esas cuentas pendientes con la justicia», replicó.
Con respecto a la carta, Karina Aliste Vega, comentó que en ella «exigimos que se lleve a cabo el proceso de extradición que aquí corresponde, que es el proceso normal y jurídicamente razonable que procede. El proceso de expulsión que ha estado tramando el estado de chileno durante todos estos días, es un proceso absolutamente arbitrario y obedece a una lógica de poder y no de derecho y eso es lo que venimos a reclamar hoy».
En el documento, los familiares sostiene que «rechazamos de manera enérgica y absoluta la acción emprendida por el estado chileno, en aras de conseguir la expulsión de nuestro familiar. Estas estrategia se sustrae del conducto regular y legal que en este caso aplica y que es la apertura de un proceso de extradición».
Asimismo afirman que «tenemos plena certeza de que la acción emprendida por el estado chileno obedece exclusivamente a la falta de credibilidad y nula idoneidad que pose la justicia militar chilena, frente a la comunidad internacional; revelando en ello, que el estado chileno no ha cumplido con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual con motivo del caso Palamara, dispuso adecuar la legislación chilena para que ningún civil fuera juzgado por un tribunal militar».
En la misiva sostienen que «por todo lo anterior requerimos al juez de la Corte Suprema, que de curso al debido proceso de extradición, único camino judicialmente correspondiente, que podría legitimar la detención y eventual traslado de nuestro familiar a tierra chilena».
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