La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename), Alicia del Basto, acudió hasta el Palacio de Tribunales para presentar un recurso de protección a favor de 11 empleados de esa institución que fueron despedidos en los últimos días, sin indemnización, pese a que sus contratos tenían vigencia hasta el 31 de diciembre próximo.
La dirigenta calificó que «impresentable» e «ilegal» el actuar de la institución y sostuvo que los once despidos corresponden a «profesionales calificados y la mayoría ha sido parte de toda la implementación de nuevas políticas de infancia y adolescencia en nuestro servicio, con toda la precariedad que eso ha implicado y de lo cual también fue parte nuestro director nacional (Francisco Estrada) durante los gobiernos de la Concertación».
En esa misma línea Del Basto dijo que les llamaba la atención que justamente Estrada que trabajó con los profesionales desvinculados «ahora los descalifique siendo que él mismo trabajó con ellos en todos estos proyectos de levantamiento para mejorar la atención de los niños y jóvenes de nuestro país».
La representante de los funcionarios del Sename hizo un llamado de atención a las autoridades por esta serie de despidos en los que no se están respetando los plazos acordados, sobre todo en los funcionarios «a contrata» que son la mayoría en el servicio. «Estos son despidos arbitrarios. Cuando el Presidente hoy día se hace el harakiri con los mineros que están en las minas atrapados, o sea el peor empleador de este país es el Estado de Chile», dijo del Basto.
El abogado Sergio Espinoza, quien presentó el recurso, dijo que tenía fe en que les irá bien pues hay jurisprudencia respecto a que el Estado debe respetar los acuerdos fijados en un contrato de este tipo.
El jurista además sostuvo que «normalmente en Chile se critica mucho al sector empresarial por infringir la norma laboral y el Estado ha tenido una muy baja autocrítica con el cumplimiento de las normas laborales. En este caso en particular, la situación de los funcionarios del Sename de destacados profesionales es una situación que incluso infringe el alma nacional».
Espinoza aseguró que en este caso «se trata de once profesionales destacadísimos, ninguno de ellos operador político, cada uno de ellos con una labor importante y que desde el punto de vista técnico estos funcionarios están con un contrato vigente al 31 de diciembre del presente año. El estatuto administrativo chileno no reconoce, en el sector público, al Estado empleador la facultad de desahuciar unilateralmente el contrato con anticipación al vencimiento del plazo y eso es lo que está sucediendo aquí en este momento», explicó.
upi/so/pa/bp//
