La defensa de la familia del trabajador Raúl Bustos Narváez, uno de los 33 mineros atrapados en la mina San José, acudió esta al Palacio de Tribunales para solicitar interrogatorios a particulares y funcionarios públicos, así como que un juzgado civil indague personalmente los bienes de los dueños del yacimiento.
Esta acción se suma a la querella presentada la semana pasada contra los funcionarios de Sernageomin que autorizaron la reapertura de la mina en el año 2008.
Esta vez el abogado Remberto Valdés solicitó diligencias de carácter penal y civil mediante dos escritos ingresados al tribunal de alzada capitalino.
En uno de ellos, pide al juzgado de letras de Copiapó que cite a declarar al ex subdirector subrogante del Sernageomin Patricio Leiva, quien visó la reapertura del yacimiento en mayo de 2008.
Esto explicó «con la finalidad de que ahora, emplazado por un tribunal de la República y no de manera voluntaria, sea obligado a colocar en manos de la justicia todos los antecedentes que tuvo a la vista para que, sin motivo plausible, hubiera ordenado la reapertura de la mina a fin de poder determinar su responsabilidad».
En el segundo escrito, pide que un juez civil se constituya en la mina y efectúe un registro de todos los bienes y medios de prueba existentes.
En ese sentido, precisó que «hemos solicitado una diligencia especial, para los efectos civiles de esta causa, que se designe un juzgado competente en Copiapó, a fin que se realice una inspección personal y se levante un acta de toda la situación».
Lo anterior, dijo, para que una vez que los mineros sean rescatados, esos antecedentes puedan ser aportados a los tribunales.
«También solicitamos diligencias respecto de los dueños de la empresa San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, con la finalidad que puedan aportar los mismos antecedentes también de manera obligatoria (ante un tribunal)», dijo el profesional.
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