Una discrepancia respecto a la oportunidad del decreto de estado de excepción y la posible responsabilidad de la ex Presidenta Michelle Bachelet en los saqueos masivos en ciudades afectadas por postergar la medida, originó que la Comisión Investigadora de Desastre Natural de la Cámara de Diputados, creada tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero, culminara su labor con dos informes.
En la instancia, se impusieron las conclusiones elaboradas por los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), donde se adjudican responsabilidades a la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), ministros de Estado y a la propia ex Presidenta Michelle Bachelet, lo que motivó a los legisladores de la oposición a negar su respaldo al informe oficialista y elaborar uno propio.
«Las conclusiones son, en general, muy similares, concordamos en más de 90% con la Concertación. Sin embargo, la necesidad de hacer dos informes se debió a que la Concertación y el PC no aceptaron de ninguna manera que sostuviéramos que hubo un retraso en la dictación de la norma que fijaba el estado de excepción y que permitía el control de las Fuerzas Armadas del orden público», explicó el presidente de la instancia, Jorge Ulloa (UDI).
Según precisó el legislador, «aquí hay que entender que hubo tres grandes episodios: un terremoto, un maremoto y gravísimos saqueos. Esos saqueos, lamentablemente, sí pudieron haber tenido un efecto menor -no así el terremoto y maremoto-, pero tuvieron el efecto de mayor desastre y ello tiene que ver con una actuación de la autoridad correspondiente, que era la entonces Presidenta Bachelet».
A renglón seguido, Ulloa enfatizó que «hubo una tardanza en la dictación de ese decreto, ese es un hecho claro y constatable. Y la única persona que puede establecer dicho decreto y firmarlo es quien conduce las riendas del Estado», recalcó.
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