La defensa de las familias afectadas por el colapso del edificio Cerro O’Higgins en Constitución, donde murieron ocho personas el pasado 27 de febrero tras el terremoto, recusará, este jueves, a los jueces del tribunal de garantía de esa ciudad para intentar su inhabilitación.
Lo anterior explicó el abogado Raúl Meza, representante de las familias, para impedir que su concurrencia a la audiencia de formalización de cargos por cuasidelito de homicidio que se hará en contra de 12 funcionarios del Serviu y del Departamento de Obras de la Municipalidad de Constitución. La audiencia está fijada para el 12 de septiembre del presente.
En ese sentido, precisó que la acción judicial se funda en que los magistrados se pronunciaron en orden a estimar que los delitos investigados se habrían cometido al momento de la construcción de los edificios, esto es en 1998, apreciación jurídica que significaría que los presuntos cuasidelitos de homicidio que se les atribuyen a los imputados estarían prescritos y, en consecuencia, no podrían ser juzgados.
Además la defensa informó que se solicitará a la fiscal de Talca, Paula Rojas, que está a cargo de la investigación, que cite a declarar a los ex ministros de Vivienda y Urbanismo, Sergio Henríquez, Claudio Orrego y Jaime Ravinet, respectivamente, sobre el conocimiento que tenían de los informes técnicos que concluían graves problemas estructurales y de diseño de las viviendas sociales construidas por mandato del Serviu.
También anunció que pedirá que testifique la ex Presidenta Michelle Bachelet para que se refiera a los antecedentes e informes técnicos que le fueron entregados al momento de dictar el Decreto Supremo, en virtud del cual condonaba las deudas y cancelaba las hipotecas a los propietarios de residencias sociales que tuvieran fallas, entre las cuales se encontraban los inmuebles desplomados el 27 de febrero en Constitución.
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