La comisión de Seguridad Laboral del Gobierno y la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados coincidieron en que el progreso de la seguridad laboral es un objetivo-país, al cual deben aportar todos los sectores políticos, productivos, sindicales y especializados, sin exclusión alguna.
Esto luego que la comisión de Seguridad en el Trabajo del Gobierno encabezada por la ministra del Trabajo, Camila Merino, y el subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, le entregara a la instancia legislativa una exposición sobre la naturaleza de su tarea y las apreciaciones que se ha formado al cabo de casi un mes de funcionamiento.
El comisionado Nicolás Starck explicó los objetivos de la instancia, recordando que al ser creada el 23 de agosto pasado, el Presidente Sebastián Piñera le puso un plazo de 90 días, que vence el 22 de noviembre, para elaborar un documento con propuestas de mejoramiento.
Hasta el 14 de octubre la Comisión recogerá planteamientos de organismos invitados. Actualmente las audiencias se realizan en Santiago, pero desde el 29 de septiembre se trasladarán a todas las regiones del país.
La revisión de los actuales estándares de seguridad, las sanciones aplicables, los niveles de prevención y el funcionamiento del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, son algunos aspectos primordiales sobre los que la Comisión deberá hacer un diagnóstico y recomendaciones.
Durante la sesión de ayer martes los parlamentarios plantearon sus apreciaciones preliminares sobre la accidentabilidad laboral, que hoy registra una tasa global del 5,3%, pero con índices disímiles según los sectores productivos.
La ministra Merino explicó que las actuales exigencias legales son altas y adecuadas, pero hay que buscar la forma para que operen más eficazmente. En este sentido, coincidió en que la fiscalización no siempre consigue cumplir idóneamente con sus objetivos.
A la vez, dijo que la ley debe modernizarse para recoger realidades productivas que no existían a fines de los años 60, época de la promulgación de la actual Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Como ejemplo, citó el caso de la salmonicultura.
Luego, el subsecretario Iglesias rechazó las críticas a la no inclusión de organismos sindicales en la Comisión y explicó que la conformación de la instancia responde a los plazos perentorios que tiene para cumplir con su desafío.
Iglesias valoró la formación de una comisión de seguridad laboral en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). «Incluso le hemos dicho a la UNT y a la CAT que imiten a la CUT», dijo la autoridad, para ejemplificar el deseo del Gobierno de que la accidentabilidad laboral sea ampliamente analizada.
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