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Con arraigo 12 personas por su responsabilidad en desplome de edificio en Talca tras terremoto

por 22 septiembre 2010

Con arraigo nacional quedaron esta mañana las 12 personas que fueron formalizadas por cuasidelito de homicidio en la investigación por la muerte de ocho personas que habitaban viviendas sociales del Serviu, ubicadas en el cerro O'Higgins de dicha ciudad y que se desplomaron durante el terremoto del 27 de febrero pasado.

Así lo decretó el tribunal de garantía de Constitución, donde se llevó a cabo la diligencia. La instancia resolvió además fijar un plazo de seis meses para la investigación y, junto con ello, dispuso la suspensión del decreto de demolición que afectaba al inmueble para que se realicen los peritajes correspondientes.

Entre los formalizados están los propietarios, ingeniero calculista y arquitecto de la Empresa Constructora Consanit Ltda., el director de Obras de la Municipalidad de Constitución, la encargada de la oficina del Serviu de esa ciudad y el director de Serviu de la Región del Maule.

La fiscalía de Talca sostuvo en la audiencia que tanto los funcionarios públicos como los privados incurrieron en actuaciones que configuran "negligencia inexcusable", pues las viviendas fueron construidas con materiales inapropiados y la edificación no fue fiscalizada adecuadamente.

Esta es la primera audiencia de formalización que se lleva a cabo en el país respecto a las muertes ocurridas a consecuencia del sismo grado 8,8 que afectó a la zona centro y sur del Chile y constituirá un precedente judicial para las demás causas que se encuentran pendientes por daños y muertes de esta naturaleza como el derrumbe del edificio Don Tristán, en Maipú; Edifico Alto Río, Concepción; desplome edificios en Santa Cruz en el que se registraron dos muertes.

El presidente de la Fundación Yévenes, Pablo Jofré, y el abogado Raúl Meza han señalado que esta audiencia sentará un precedente judicial histórico en orden a permitir que una política pública habitacional de un determinado gobierno pueda ser juzgada ante los Tribunales de Justicia y respondan penalmente los funcionarios públicos que participaron de su ejecución.

upi/so/pa/cf

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