A través de una declaración oficial firmada por su presidente, el senador de la UDI Jovino Novoa, la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) reclamó al Gobierno argentino que se lleve a cabo prontamente la extradición del ex frentista Galvarino Apablaza.
Esto por la condición del ex subversivo de autor intelectual del atentado al senador y fundador del gremialismo, Jaime Guzmán y por el secuestro del empresario Cristián Edwards, argumentando que ambos delitos «revisten de la mayor gravedad y no merecen quedar impunes».
El documento expresa plena confianza en el Estado de Derecho imperante en Chile, agregando que este ofrece «todas las garantías necesarias para llevar a cabo un juicio justo».
El oficio atribuye completa responsabilidad para esta decisión a la mandataria argentina, Cristina Fernández, por sobre las recomendaciones que pueda hacer la Comisión Nacional para los Refugiados de ese país.
Añaden que para estos efectos, basta la opinión de la Corte Suprema de Argentina, que este año señaló que los antecedentes son «suficientes para afirmar que hechos de esta naturaleza son ajenos a la tradicional noción de delito político», por cuanto no correspondería acoger la petición de asilo político.
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