El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Enrique Estay, refiriéndose al abrupto quiebre de las negociaciones que facilitaba el arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, con los comuneros mapuche en huelga de hambre, señaló que éstos «estiraron el elástico hasta cortarlo».
«Todo tiene un límite (…) si una parte desconoce que su único interlocutor válido es el Gobierno legítimamente constituido y pretende que el Estado completo -a través de sus tres poderes- sea forzado a sentarse en una mesa de negociación, no cabe duda de que su pretensión excede lo aceptable», dijo el parlamentario.
Estay argumentó que las negociaciones políticas conciernen exclusivamente al Gobierno y no corresponde que otros poderes del Estado sean llevados a participar de estas mesas de diálogo.
«Menos aún que los representantes del Poder Judicial se presten para ‘arreglos a la buena’, cuando deben juzgar en querellas criminales donde son imputados los mismos que pretenden sentarlos a resolver estas materias. Esto incluso podría derivar en una acusación constitucional», añadió.
El legislador gremialista aseguró que si se reconociera a un grupo de procesados en causa criminal el derecho a exigir adaptar a su caso las normas según las cuales van a ser juzgados, «se crearía un precedente fatal».
«Si éstos pueden forzar al país a dictar leyes ‘a su pinta’ cada vez que las normas vigentes no les convienen, entonces, ¿para que existen las leyes, si no se cumplen, no se respetan, y se cambian cuando un grupo de presión lo exige?», se consultó el parlamentario.
«Este chantaje moral debe terminar; los protagonistas de esta protesta están pidiendo cada vez más, sin reconocer nada de lo mucho que ya se les ha concedido», concluyó.
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