El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago condenó a cinco años de libertad vigilada más una multa de 11 UTM, equivalentes a $411.587, al gerente general del restorante Piccola Italia, Ricardo Valenzuela, por los delitos de quiebra culpable, fraudulenta y estafas reiteradas cometidos en la comuna de Las Condes entre 2005 y enero de 2008.
Así, el tribunal estableció en su resolución que «para el cumplimiento de la pena corporal impuesta, se le otorga el beneficio de la libertad vigilada, debiendo quedar sujeto a la vigilancia y orientación permanentes de un delegado de Gendarmería de Chile por el período de cinco años».
Según los antecedentes recabados por la Fiscalía Metropolitana Oriente, a cargo de la investigación contra el empresario, a principios de septiembre de 2007 -aproximadamente cuatro meses antes de la declaración de quiebra de Inversiones La Piccola Italia Limitada- el imputado en representación de la empresa y a sabiendas del hecho, celebró simuladamente cinco contratos de compraventa sobre cuatro establecimientos de comercio y una fábrica de pastas, pertenecientes a su representada.
Esto para, poco después, enajenarlos a las sociedades relacionadas Altra, Varenn, y VR, representadas por el también inculpado Michelangelo Vanella R., quien -de acuerdo a las pesquisas del Ministerio Público- lo auxilió para realizar estas operaciones.
Asimismo, la fiscalía acreditó que estas enajenaciones fueron realizadas a precios bajos, manteniendo los imputados la administración de estos establecimientos y sacando del patrimonio de la quebrada empresa estos negocios, impidiendo con ello que pudiesen ser perseguidos por los acreedores de la futura quiebra.
La investigación también arrojó que Valenzuela, en representación de la firma, realizó una serie de conductas constitutivas de delito mientras estuvo a cargo de su administración.
Así, la fiscalía determinó que el imputado entre enero de 2007 y la fecha de declaratoria de quiebra en enero de 2008, no registró operaciones de la empresa en los libros diario, inventarios y balances. Tampoco solicitó oportunamente, la quiebra de la empresa que él representaba, a pesar de mantener, un año antes de la declaratoria de quiebra deudas vencidas e impagas, violando con ello la obligación establecida en el artículo 41 de la Ley de Quiebras.
Asimismo, no pagó a instituciones de previsión, cotizaciones de salud descontadas a sus trabajadores, por un total de $2.018.611, destinando dichos dineros a otros fines distintos a los establecidos por la ley.
En un tercer acápite de la indagatoria, el Ministerio Público descubrió que desde 2005 hasta enero de 2008, el imputado en representación de la firma solicitó créditos en bancos, realizó operaciones de factoring, y en general operó comercialmente solicitando créditos, y endeudando a su representada con diversos acreedores y proveedores, por un total aproximado de $5.424.681.552 ocultando, a los acreedores y proveedores, los balances negativos de la compañía.
Según la investigación, la empresa tenía entonces una deuda por más de 3 mil millones de pesos.
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