Para iniciar su tramitación en el Congreso ingresó este miércoles al Senado el proyecto que crea el Ministerio de Desarrollo Social, el cual tiene como ejes principales el abordar los diversos desafíos sociales, asegurar la consistencia de las prestaciones y beneficios mediante la recolección y consolidación de la información; su análisis previo y el seguimiento de los programas que se llevan a cabo con recursos estatales.
La iniciativa que será analizada por la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta, apunta a entregar una visión global, alineada y coordinada de la política social del país, de modo de contar con una institucionalidad renovada, claramente definida y dotada de las atribuciones suficientes que permitan garantizar y asumir el rol preponderante que demandan los desafíos sociales -actuales y futuros- del país.
De acuerdo al mensaje del Ejecutivo, se trata de crear «un órgano de administración y gestión que, en primer lugar, colabore con el Presidente de la República y con los diversos ministerios sectoriales en la tarea de alcanzar la debida coordinación de los programas sociales impulsados por el Estado, y que, asimismo, abogue por la consistencia y coherencia en materia de desarrollo social, resulta imperiosa para alcanzar los objetivos sociales de este Gobierno».
En lo fundamental, el proyecto propone que el Ministerio tenga un rol activo, en el ámbito de su competencia, en el proceso presupuestario a través de informes de monitoreo de ejecución y de evaluación previa de programas sociales y aquellos referidos a los proyectos de inversión.
En cuanto a la evaluación de los programas sociales que vayan a implementarse por el Ministerio de Desarrollo Social, por otros ministerios y por sus respectivos servicios públicos, así como aquéllos que persigan ampliarse o soliciten una reformulación, la iniciativa propone que el Ministerio de Desarrollo Social, sobre la base de un procedimiento definido, de aplicación general y claramente identificable por los organismos del Estado, realice una evaluación ex-ante de éstos, con el objeto de velar por su coherencia, consistencia y atingencia.
Para realizar esta evaluación preventiva, se propone dotar al Ministerio de Desarrollo Social de atribuciones para definir los criterios de evaluación, previa aprobación del Comité Interministerial asesor del Presidente de la República y, una vez aprobados, para aplicarlos mediante la emisión de un informe de recomendación no vinculante, de forma tal que manifieste mediante una opinión previa, clara y fundada, si el programa debiera o no ser ejecutado.
Por otra parte, y para no generar terrenos difusos respecto del rol evaluador y del ámbito de competencia del Ministerio de Desarrollo Social, se propone plasmar una definición en la ley de lo que se debe entender por «programas sociales», dado que éstos, independiente del ministerio del cual emanen, serán objeto de evaluación ex ante.
Sin embargo, se propone que un reglamento expedido a través del Ministerio de Desarrollo Social, suscrito además por el Ministro de Hacienda, fije el procedimiento a través del cual se determinarán los programas que se clasificarán funcionalmente dentro del gasto público social.
upi/jp/cf
