La Federación Nacional del Ministerio Público (Fenamip) manifestó este lunes su preocupación y dijeron estar en alerta ante los cambios de legislación que podrían provocar en ellos una sobre carga de trabajo importante.
Tras la aprobación en el Congreso de la modificación al Código de Justicia Militar que enviará más de 6 mil causas desde la jurisdicción castrense a las fiscalías de Chile (que persiguen delitos penales cometidos por civiles), los funcionarios del Ministerio Público se declararon en «alerta» evaluando las diversas situaciones que señalan les afecta.
«Los funcionarios del Ministerio Público entienden esta decisión del poder ejecutivo y legislativo, como una decisión necesaria para hacer frente a la contingencia y encontrar solución al conflicto mapuche. Sin embargo, al añadir una nueva responsabilidad a éste órgano persecutor se ignora una vez más el déficit de dotación que afecta gravemente a la Fiscalía de Chile», esgrimió la presidenta de la organización Natalia Césped.
La Fenamip sostuvo además que «no es la primera vez que se añaden responsabilidades al Ministerio Público, sin considerar la situación crítica que se vive producto de la falta de personal, pues las causas provenientes de la Justicia Militar, se suman a las causas de violencia intrafamiliar, de Responsabilidad Penal Adolescente y Agenda Corta, remitidas en años anteriores a nuestras fiscalías por diversas modificaciones legales».
Por tales motivos requirieron con urgencia a las autoridades que se modifique la ley orgánica que los rige para el ingreso de nueva dotación de personal. Dijeron que si bien existe un proyecto de ley al respecto «el ejecutivo no ha mostrado la voluntad de promoverlo con la urgencia que se requiere».
Condicionamiento de bono por gestión
Respecto al condicionamiento del bono de gestión a los fiscales y funcionarios del Ministerio Público que sostiene un proyecto de ley gestionado por el Ejecutivo, la Fenamip explicó que «rechazamos en forma absoluta el requerimiento hecho por el Ministerio de Hacienda al Ministerio Público, en el sentido de condicionar los bonos de gestión a los resultados de las investigaciones criminales, pues la Fiscalía de Chile es autónoma en la persecución penal. Cualquier intervención al respecto resulta inconstitucional y sólo busca causar impacto mediático».
Finalmente los trabajadores hicieron un llamado al Ejecutivo a mejorar y optimizar su labor a través de una iniciativa que aumente la dotación del servicio y aseguraron que «no se puede promover políticas de seguridad ciudadana y mejorar la justicia, sin considerar la inyección de recurso necesaria para mantener un sistema eficiente y competente».
upi/pa/jn//
