El ministro en visita Mario Carroza dictó este jueves acusación contra 35 personas en la investigación que dirige por el secuestro, homicidio y desaparición forzada de cuatro miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y uno del Partido Comunista, ocurrido entre el 9 y 10 de septiembre de 1987.
El juez acusó a 30 ex agentes de la CNI y funcionarios de la DINE como coautores del delito de secuestro calificado, mientras que otros cinco enfrentan cargos como encubridores del mismo ilícito cometido contra Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola.
Entre los acusados como coautores está el director de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE) de la época, general (r) Julio Cerda Carrasco; el ex director de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), general (r) Hugo Salas Wenzel; el entonces director del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), brazo operativo de la DINE, coronel (r) Hugo Prado Contreras; el jefe operativo de la CNI, mayor (r) Álvaro Corvalán Castilla; y el ex agente del mismo organismo represivo, capitán (r) Luis Sanhueza Ross.
Según los antecedentes contenidos en el proceso, el magistrado establece en la acusación que «con ocasión del secuestro del Coronel del Ejército Carlos Carreño Barrera, acaecido en esta ciudad con fecha 1 de septiembre de 1987, funcionarios de la Central Nacional de Informaciones participaron en un operativo, en el cual, entre los días 9 y 10 del mismo mes, recibieron instrucciones de detener, sin orden judicial, a cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez elegidos de entre los archivos institucionales, para eventualmente canjearlos por dicho oficial».
La detención de los frentistas por parte de la Central Nacional de Informaciones (CNI), se logró con informes de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE) justamente a raíz del plagio de Carreño.
La investigación judicial arrojó también que los cinco frentistas fueron asesinados en el Cuartel Borgoño, de la CNI.
Después, se presume fueron llevados hasta la base aérea de Peldehue, del Ejército, sus cuerpos fueron cargados en un helicóptero y, posteriormente, arrojados al mar frente a las costas de Quintay.
La acusación reseña también que «en tales acciones no sólo participaron agentes de la Central Nacional de Informaciones a esa fecha, sino también miembros del Batallón de Inteligencia (el brazo operativo de la DINE) y del Comando de Aviación del Ejército de Chile, operativos que la línea de mando militar de las organizaciones aludidas no pudieron desconocer ni dejar de controlar , toda vez, que se trata de una institución con poder jerarquizado, en la cual existe una línea vertical y directa de mando».
A partir de hoy, las partes del proceso, es decir, los querellantes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, tienen 20 días de plazo para adherir a la acusación o formular acusación particular e interponer eventualmente acciones civiles.
Una vez realizado ese trámite los acusados serán notificados de los cargos y las acciones deducidas por los querellantes y una vez concluida ese tema se pasa al plenario, previa a la sentencia de primera instancia.
El magistrado, además de esta causa, está a cargo de la indagatoria por el asesinato del senador (UDI) Jaime Guzmán ocurrido en abril de 1991 y de instruir las diligencias en cerca de 200 querellas presentadas por familiares de ejecutados políticos durante el régimen militar.
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