En un fallo unánime, la Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó que el fisco debe pagar 40 millones de pesos al sargento en retiro del Ejército, Aldo Garrido Flores, quien sufrió una caída desde más de 300 metros de altura, el 27 de noviembre de 1999, cuando no se abrió su paracaídas por falla de material.
Según el dictamen de los ministros Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda y los abogados integrantes Luis Bates y Jorge Lagos, el militar de dotación del Regimiento de Caballería Blindada N°7 Guías sufrió un grave accidente cuando al saltar desde un avión no se abrió el equipo de paracaídas que le había sido entregado, falla que se atribuyó a lo obsoleto del material.
El fallo del máximo tribunal respalda la tesis de la Corte de Apelaciones de Concepción, el que estableció la responsabilidad del Estado por falta de servicio al proporcionar al militar un implemento que había superado su vida útil.
La resolución del tribunal de alzada penquista establece que «así las cosas, se ha establecido en la causa la concurrencia del supuesto normativo previsto en el artículo 2329 del Código Civil en relación con su artículo 2314; en efecto, funcionarios públicos dependientes del Estado de Chile, que en sus calidades de tales estaban a su cuidado, incurrieron en la conducta de proporcionar al actor, para que saltara al vacío el 27 de noviembre de 1999, un equipo de paracaídas inseguro y por lo mismo defectuoso, conducta que no puede sino ser calificada como gravemente negligente».
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