Los integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública ratificados por el Senado valoraron este miércoles el Instructivo Presidencial sobre ADP, que perfecciona el proceso de nombramientos de los cargos públicos elegidos bajo este sistema, dado a conocer ayer por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
A juicio de los integrantes de la instancia Beatriz Corbo, Rodrigo Egaña, Rafael Blanco y María Loreto Lira, el documento «avanza por el camino» correcto al limitar las potestades de los ocupantes transitorios y provisionales de cargos del sistema; evitar equívocos sobre la calidad con la que ejercen cargos, y agilizar los procesos de selección.
Sin embargo, los consejeros estiman que este esfuerzo debe complementarse con reformas de carácter legal destinadas a perfeccionar el sistema en sus aspectos de procedimiento.
«Creemos que este instructivo es valioso, útil y necesario, sin embargo la calidad del instructivo no permite hacer modificaciones legales, nosotros lo que hemos planteado requiere de modificaciones legales y esa es una cuestión que el Poder Ejecutivo y el Parlamento tendrán que resolver por la vía legislativa», aseguró Rafael Blanco.
Los tres aspectos que según los consejeros son importantes para el perfeccionamiento del sistema, son en primer lugar que las personas que ostenten cargos en calidad provisional o transitoria no deben tener la facultad de remover a personas que han sido seleccionadas por concurso público.
En segundo lugar, que los cargos provisional y transitorios no sean nombrados públicamente hasta que sea cerrado el proceso concursal. «De manera que en el concurso participen todos de manera igualitaria cautelando la igualdad entre todos los que quieran participar del proceso», explicó Blanco.
Por último, los consejeros solicitan que se diseñe una formula especifica para dotar de mayor estabilidad a los segundos niveles directivos.
«Este es un país donde se ha dado un sistema político donde hay una duración de cuatro años de los gobierno y eso hace necesario tener una gerencia pública que goce de mayor estabilidad en el tiempo en los segundos niveles directivos, órganos que en general no deciden sino que ejecutan políticas públicas», precisó Blanco.
Por otro lado, agregaron que les parece importante que además se fortalezcan los sistema de evaluación del desempeño, como instrumento para medir si un alto directivo logra satisfacer los objetivos y los planes para los cuales fue nombrado.
«Estas cuatro cuestiones nos parece que requieren de un debate legislativo urgente, nos parece necesario que el Ejecutivo y el Parlamento saquen adelante estas necesidades de perfeccionamiento del sistema», aseveró.
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