La fiscal metropolitana centro norte, Ximena Chong, descartó este lunes que la resolución judicial que decretó el sobreseimiento temporalmente del caso Registro Civil sea un revés para la investigación y anunció que se apelará ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
«Nosotros no lo miramos como un revés, entendemos que es una resolución judicial que va a ser objeto de impugnación por parte del Ministerio Público», afirmó la investigadora.
Asimismo, Chong expresó que, en opinión de la fiscalía, el dictamen «se funda sobre bases erradas y además es una resolución que es esencialmente revocable».
Lo anterior, porque la decisión adoptada esta mañana por la magistrada del Séptimo Tribunal de Garantía, Carla Capello, plantea que se suspende la tramitación del caso, pero hasta que el Ministerio Público permita a las defensas tener acceso a toda la prueba recopilada durante la investigación.
En ese sentido, comentó Chong «nosotros entendemos que enmendado esto, vamos a continuar con la preparación del juicio oral».
También quiso contestar a las acusaciones de las defensas de los imputados, quienes han manifestado que el actuar de la fiscalía ha afectado la garantía constitucional del derecho a la debida defensa, apuntando a la falta de acceso a la prueba recabada en la indagatoria.
Al respecto, la fiscal aseguró que «los antecedentes que la investigación han estado siempre a disposición de todos los intervinientes y, principalmente, a disposición de la defensa: durante los dos años que duró la investigación y también desde el cierre hasta ahora».
Sin embargo, la representante del Ministerio Público sí reconoció un problema con el que se han topado las defensas al tratar de acceder a la evidencia reunida en el caso.
«Otra situación que se ha producido y de la que sí nos hacemos cargo es que debido al volumen de la información, muchas veces, les ha costado a los defensores encontrar el lugar donde específicamente se encontraban los antecedentes», explicó Chong.
Para dejar clara la posición del Ministerio Público, la fiscal resumió diciendo que «tenemos la convicción que las evidencias recopiladas durante la investigación son suficientes para fundar una acusación, creemos que, en ese sentido, no ha habido ningún tipo de arbitrariedad, las evidencias han estado a disposición de las defensas y esperamos poder acreditarlo en la corte a efectos que se revoque la resolución».
El caso Registro Civil se inició en marzo de 2008, luego que la Contraloría General de la República detectara una serie de irregularidades en el proceso de licitación de la plataforma tecnológica del servicio, contrato por US$80 millones, cuya fallida adjudicación significó la salida de toda la plana mayor del servicio.
En esta investigación, la fiscalía indaga presuntos delitos de fraude al fisco, soborno y revelación de secreto con grave daño a la causa pública.
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