La senadora del Partido Socialista (PS) Isabel Allende y los diputados del Partido Comunista (PC) Lautaro Carmona y del Partido Radical Social Demócrata (PRSD), Alberto Robles, llamaron este lunes a las autoridades de Gobierno a realizar un sumario frente a las denuncias de que existían antecedentes para determinar el cierre de la mina Los Reyes donde murieron dos trabajadores el pasado 8 de noviembre, precisando que «no queremos una cacería de brujas ni que se descabece Sernageomin, todo lo contrario pedimos que se fortalezca».
Allende planteó que «lo que corresponde con los antecedentes que entregamos es que se realice un sumario administrativo, pero no que se inicie una cacería de brujas. El trato a Sernageomin es inaceptable y no va por ahí enmendar errores. No se trata de descabezar a Sernageomin sino de fortalecerlo y evitar errores. Además ¿qué pasa con Enami que compra a minas cuestionadas y quien supervisa el manejo explosivos?», cuestionó la legisladora.
La senadora PS recordó que el viernes pasado denunció que un asesor jurídico con fecha 15 de septiembre, dos meses antes, presentó ante la oficina regional del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) un escrito donde pide que el organismo fiscalice a la mina Los Reyes donde se están desarrollando actividades mineras que se realizan fuera de toda norma y seguridad laboral.
La senadora Allende informó que luego de la denuncia se reunió con el director regional de Sernageomin, Mariano Gajardo, quien le manifestó que «él quedó abrumado, nunca fue informado de esta denuncia del asesor jurídico».
Además dijo que no corresponde lo dicho por el Gobierno de que no tenían cómo fiscalizar «cuando uno se pregunta cómo es posible que nadie se entere que una mina empieza a trabajar cuando para hacerlo tiene que hacer un camino, cuando más encima se usan explosivos en una mina, ¿cómo se autoriza eso, quién lo autoriza? Y que además la arrendaba un señor mexicano con visa de turista. Todos elementos suficientes para fiscalizar».
En tanto, el diputado Carmona sostuvo que «tuvieron que haber dos trabajadores muertos para remecer de nuevo la discapacidad de un sistema de fiscalización. Comparto con la senadora que las políticas no se cambian cambiando a las personas. El martes pasado la comisión investigadora de la Cámara ya existía esta tragedia, le pedí que se ampliara el trabajo de dicha comisión y se investigaran este y otros accidentes con víctimas fatales».
Por su parte, el diputado Robles precisó que ante el aumento de la actividad minera «el Estado tiene que tener necesariamente una política no solo de seguridad minera, de cómo las minas son fiscalizadas en términos de propiedad minera, de cómo las minas tienen la posibilidad real de venderle a Enami desde el punto de vista de aquellos que están calificados para la venta. Hay una función del Estado muy relevante».
«En el presupuesto de Minería si bien es cierto hay una partida para seguridad minera con fiscalizadores que aumentan, también es cierto que el presupuesto de Sernageomin para todas las demás actividades disminuye», argumentó.
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