El abogado Hernán Tuane, quien representa a los dueños de la minera San Esteban, quiso despejar dudas sobre la eventual intervención del Gobierno para acercar posiciones previo a los acuerdos adoptados con los trabajadores y acreedores de la empresa, para pagar los finiquitos y evitar la quiebra, respectivamente.
Al respecto, a través de un comunicado, el profesional expresó que «en ambas situaciones el Gobierno no ha tenido participación alguna; ni acercando posiciones, ni facilitando diálogos, ni ofreciendo soluciones. Ningún ministro, ni representante de ministro, ni funcionario ministerial, de ningún ministerio ni repartición pública, distinta a las judiciales, ha tenido participación en este proceso».
Además, Tuane precisó que las decisiones tomadas este jueves dicen relación, por un lado, con un acuerdo entre la empresa San Esteban, propietaria de la mina, y los trabajadores de la misma, para el pago de los finiquitos de éstos últimos.
Mientras que el segundo convenio es con los acreedores de la firma para dar solución a las acreencias que pesan sobre ella. Éste último, dijo, se logró por vía judicial, con activa participación de la síndico a cargo del proceso, María Loreto Ried y es el que evitará la quiebra de la empresa.
Asimismo, en el comunicado aclaró que «los dos acuerdo son independientes entre sí y los recursos para financiarlos provienen de fuentes distintas».
En el primer caso, el finiquito de los trabajadores, explicó que los recursos provienen de la pronta entrega de un sitio vendido con anterioridad a la minera Candelaria. Estos recursos no forman parte de los bienes sujetos a medidas precautorias y se trata de una gestión específica de los dueños de San Esteban, con el fin de dar solución al problema.
«Dicho con más claridad, este acuerdo se funda exclusivamente en la voluntad de los dueños de San Esteban, Marcelo Kemeny y Alejandro Bohn, y para financiarlo recurrieron al único activo de que disponían ellos directamente», reseña el texto de Tuane.
En el segundo caso, el acuerdo judicial con los acreedores, éste se financia con la venta del yacimiento y otros bienes que sí están bajo precautoria legal.
«Los términos de este acuerdo, aceptado por la junta de acreedores, fue propuesto por Alejandro Bohn, luego que la mencionado junta no considerara viable una anterior fórmula ofrecida por el experto facilitador», consigna el documento.
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