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Corte absuelve a 13 personas imputadas de robo con intimidación aduciendo lo largo de investigación

por 1 diciembre 2010

La Corte de Apelaciones de Santiago, en una resolución unánime emanada desde la segunda sala, determinó la absolución de 13 sujetos que se encontraban cumpliendo condenas por delitos de robo con intimidación cometidas entre 1992 y 1997 en distintos lugares de la capital.

El argumento reseñado por el tribunal de alzada es que pasó mucho tiempo durante el proceso de apelación, que hubo una investigación deficiente lo que transgredió el debido proceso y los tratados internacionales de Derechos Humanos.

De esta forma quedaron liberados de cargo Juan Zenteno Ríos, Ricardo Sánchez Peñaloza, Luis Rodríguez Yáñez, Guillermo Pedro Riquelme Sepúlveda, Irene Ríos Burdenes, Richard Contreras Soto, Mario Caris Herrera, Jorge Aravena Muñoz, Jorge Enrique Orellana Moreno, Samuel Hernández Pasten, Erick Zenteno Ríos, Carlos Catalán Estrada y Daniel Ríos Galaz.

Cada uno de estos individuos había sido condenado a penas que van entre los 541 días y los 20 años de cárcel.

"El tribunal no está obligado a exponer ningún fundamento en torno a su falta de convicción en el presente caso, más en el presente caso, resulta imperioso formularse una pregunta: ¿Qué convicción podría adquirir un tribunal que se ve enfrentado a un proceso con sentencia de condena, sentencia que se ha sometido a su escrutinio por las vías de la consulta y de la apelación, habiendo tardado la tramitación del mentado proceso casi veinte años? En verdad la respuesta parece obvia: ninguna", sostienen los magistrados.

Asimsimo, los jueces establecieron que "no se han adquirido en el presente caso y por los medios de prueba legal, la convicción de que haya cabido a los imputados, luego acusados y posteriormente sancionados, una participación culpable y penada por la ley en los ilícitos que se imputa a cada uno de ellos, consideración que, en condiciones normales, bastaría para fundar una sentencia absolutoria en relación con todos ellos, que es a la conclusión final a que llega esta Corte".

DEFICIENCIAS EN LAS PRUEBAS

Otro de los puntos reflexionados por el tribunal de alzada es la deficiencia en la prueba rendida, ya que "los sentenciadores dejan constancia de haber escuchado sorprendidos tanto la relación de la causa, cuanto los alegatos, enterándose de que, aparte de una larga e inexplicable tramitación, el expediente adolece de serias falencias probatorias en lo tocante a la participación de los acusados, lo cual se ha visto corroborado con el estudio que se ha hecho de los autos. Así, se ha podido constatar que la mayoría de los cargos proviene de partes policiales de calidad deficiente, fruto de un también deficiente trabajo de investigación policial, que pudieron servir de base, en su momento, para justificar un auto de procesamiento y, discutiblemente, un auto de acusación, pero en ningún caso pueden fundar una sentencia de condena".

Sobre la larga tramitación del proceso judicial, la segunda sala de la Corte de Santiago dice que "los inculpados han debido estar sujetos durante todo este largo período a la preocupación no menor que implica el tener pendiente un proceso criminal, en circunstancias que todos ellos ya han rehecho sus vidas, como fue oído de labios de los abogados defensores que acudieron a estrados, y por añadidura, han debido cumplir con la penosa obligación de firmar los libros de reos excarcelados, por períodos cercanos a los quince años en los peores casos, lo cual es ya más grave que una condena, sin perjuicio de los períodos de prisión preventiva que también cumplieron".

Incluso la resolución indica que la misma Corte ha demorado en demasía la vista de la causa "que en la especie, como se ha venido destacando, los inculpados han tenido que esperar años, para que se resuelva su causa. Sobre lo mismo, se observa en el proceso que la sentencia objeto de este análisis es de fecha 15 del mes de junio del año 2007, esto es, ya tiene más de tres años, sin ser revisada".

URGENCIA EN ABSOLUCIÓN

Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago instruye al continuador legal del tribunal de primera instancia para que una vez que el fallo quede ejecutoriado se dicten a la brevedad las resoluciones que permitan poner fin a la vulneración de derechos del grupo absuelto.

"El juez de la causa, que sea el continuador legal del Décimo Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago procederá, con la mayor urgencia, a cumplir con las obligaciones que impone la ley, posteriores a la dictación de sentencia definitiva, dirigiendo los oficios y comunicaciones que sean del caso. Además y muy particularmente, dispondrá que se notifique a los inculpados con la mayor celeridad, a fin de poner en su conocimiento lo resuelto, así como dar término a la obligación que sobre ellos pesa, en orden a firmar el libro de reos excarcelados".

upi/so/pa/cf

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