Este jueves se desarrolló la primera audiencia, de un total de 4.500 que se realizarán durante los próximos 60 días, por el traspaso de causas de la justicia militar a la penal ordinaria, de acuerdo a las últimas modificaciones introducidas al Código de Justicia Militar tras la huelga de hambre de comuneros mapuche.
Ante 12° Juzgado de Garantía se realizó esta diligencia para formalizar a José Luis Berríos Troncoso (20) por el delito de homicidio simple en grado de frustrado en contra del suboficial de Carabineros Luis Alberto Taruman Llancalahuén, de la 50 Comisaría de San Joaquín, en un hecho ocurrido el 31 de octubre de 2009 en la población La Legua y que fue investigado en primera instancia por la Cuarta Fiscalía Militar de Santiago.
El tribunal determinó dejar en prisión preventiva a Berríos por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad y fijó un plazo de investigación de 30 días para que el Ministerio Público pueda establecer los hechos, que establecen que el joven percutó al menos siete disparos en contra del uniformado, en medio de una redada policial.
Los intervinientes en el proceso destacaron la relevancia de la audiencia, porque confirma que nunca más un civil involucrado en delitos de carácter militar sea investigado por la justicia castrense.
El Defensor Regional Metropolitano Sur, Claudio Pavlic, aseguró que «las personas imputadas y procesadas por el antiguo sistema desde ahora sí tienen derecho a defensa. Lo más relevante es que ahora los imputados tienen derecho a defensa material, a una defensa concreta y a ser asistidos por un profesional».
Al respecto dio como ejemplo lo ocurrido en el caso de el primer imputado de esta nueva era, José Luis Berríos, quien ha pasado un año y tres meses en prisión preventiva por orden de la Corte Marcial y sin la actuación y representación de un abogado.
Este procedimiento se llevará a cabo por los próximos 60 días, que es el plazo establecido por el Senado para el traspaso de las 4.500 causas que se mantienen en las fiscalías militares donde hay civiles involucrados.
En el caso de las causas ocurridas con anterioridad al 2005, éstas pasarán a los Juzgados del Crimen respectivos y las que se encuentren en etapa de apelación ante la Corte Marcial, pasarán a la Corte de Apelaciones respectiva del lugar donde se cometió el ilícito investigado.
La magistrada Angélica Palacios ordenó mantener la prisión preventiva del imputado por considerarlo un peligro para la sociedad. Además, determinó un plazo de 30 días de investigación y su traslado desde la ex Penitenciaría al Penal Santiago 1.
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