Representantes de la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados y miembros de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), entregaron este miércoles a la Fiscalía Nacional Económica antecedentes respecto a presuntas irregularidades en las listas de útiles de diez establecimientos educacionales, en los que se estaría obligando a comprar los textos de una editorial específica y que además son vendidos en los mismos colegios.
Tras ser recibo por el fiscal nacional (s) Cristian Reyes, el vocero de la Asociación, Ismael Calderón, explicó que se trata de cinco recintos de la Región Metropolitana e igual número del sur del país, todos particulares subvencionados, en cuyos listados estarían exigiendo adquirir los libros requeridos para el año lectivo.
Por tal motivo solicitaron a la FNE que inicie una investigación, en la cual piden que además se indague a los mismos colegios, «pues estarían exigiendo que se compren los uniformes de la misma forma o bien siendo derivados a determinados talleres».
En relación a los útiles escolares Calderón considera que «hay un dictamen que se contradice» en el sentido de que por un lado se prohíbe incluir marcas en las listas de útiles, sin embargo, se permite a los profesores sugerir marcas especificas abogando por el cuidado sanitario de los alumnos.
«No se pueden solicitar marcas de ningún tipo, ni sugeridas ni obligadas por ningún colegio. Esto queremos que le sirva de lección a los miles de sostenedores que desafían al sistema», afirmó el dirigente.
La Asociación declinó dar el nombre de los colegios que estarían incurriendo en estas presuntas irregularidades para que no se obstaculice la investigación.
Por su parte, el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, informó que además se solicitó investigar la posible falta a la libre competencia en la que estarían incurriendo las empresas que no tiene bien rotulados sus productos escolares, los que son vendidos en comercio establecido y en el comercio ambulante.
La Fiscalía Nacional Económica someterá estos antecedentes a un análisis de admisibilidad de la investigación, para ver si acoge o no la denuncia, proceso que puede durar hasta 60 días.
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