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Concertación y equipo jurídico estudian méritos para acusar constitucionalmente a van Rysselberghe

por 22 febrero 2011

En el marco de la primera de una serie de reuniones, entre abogados y parlamentarios de oposición para ajustar el documento y causales base para acusar constitucionalmente a la intendenta del Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe, los juristas Edgardo Riveros (DC) y Humberto Nogueira, explicaron las posibilidades que se estudian para concretar el líbelo.

En esta línea, los juristas explicaron que en virtud del cargo que ocupa Van Rysselberghe, sólo podría ser inculpada por infracciones a la constitución, en este caso ligado al principio de probidad.

"Sólo pueden ser infracciones a la Constitución (…) esto implica, por lo tanto, que para que la acusación constitucional proceda, sólo deben tenerse en consideración los actos personales de la intendenta en el desarrollo de su función y al mismo tiempo que las conductas sean claras, que sean infracciones efectivas a la Constitución. En ese caso hay que analizar a fondo el principio de probidad, que es una obligación que está claramente configurado en el artículo 52 y 53 de la ley de base de la administración del Estado", sostuvo Nogueira.

Al respecto Riveros agregó que "en el caso de los Intendentes el tema fundamental está dado en este plano por el hecho de que tienen que haber un respeto irrestricto a las normas constitucionales y cualquier vulneración grave que se produzca puede dar mérito para desarrollar esta acusación constitucional, de acuerdo a lo que la propia carta fundamental establece".

Dicho esto el ex diputado democratacristiano trazó dos posibilidades, que se estudian por el momento: una infracción a la ley de probidad "que se refiere a las normas de acceso a la información pública y que todas las autoridades deben desarrollar ajustados a este principio de publicidad de sus actos".

Como segunda vía se "examina Artículo 19 sobre garantías constitucionales y en particular a aquello que dice relación con velar por la igualdad ante la ley. Esta es una obligación que las autoridades tienen, de tal manera que no pueden de manera arbitraria favorecer a determinados grupos y por lo tanto desfavorecer a otros".

En esta misma línea el diputado que dirige la remetida, Gabriel Ascencio (DC), se manifestó seguro de que "vamos a lograr acusar ala intendenta".

En la reunión se encontraban los jefes de bancadas de Concertación, Ramón Farías (PPD) y Marcelo Díaz (PS), entre otros personeros del bloque opositor. Asimismo los abogados Jorge Claissac, Gabriel Alemparte, Jorge Morales, Sebastián Pavlovic y Julia Urquieta, entre otros.

upi/pc/cvl

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