La fiscal regional metropolitana occidente, Solange Huerta, dio este viernes un reporte del avance de la investigación por las víctimas del tsunami ocurrido luego del terremoto de 8,8 grados Richter del 27 de febrero de 2010, asegurando que «el propósito» es dar conclusiones durante el primer semestre de este año.
Recalcando que «el país necesita saber lo que pasó», la autoridad detalló que entre el 18 de marzo de 2010 y el 7 de febrero de 2011 se presentaron un total de 56 querellas en la causa, 18 en regiones y 36 en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Especificó que en un proceso desarrollado con un amplio despliegue territorial apoyado por la Policía de Investigaciones entre abril y noviembre del año pasado, se logró identificar un total de 156 personas fallecidas y 25 desaparecidos, la fiscal destacó tener «claridad de la relevancia que esta causa tiene no sólo para la fiscalía como institución sino para el país entero».
Huerta precisó que la indagatoria está en pleno avance, aún ejecutándose la toma de declaraciones a autoridades regionales y nacionales, y que «nuestro propósito es poder dar conclusiones durante el primer semestre de este año «, pero advirtiendo que tales tiempos no dependen tan sólo de cuántas horas de trabajo la fiscal o las policías dediquen al caso y que si «las diligencias se demoran más, eso no va a ser posible», y dar conclusiones antes de mediados de este año «es complejo por los temas que hay pendientes».
Consultada respecto a su mensaje para las familias de las víctimas ella llamó a tener «claro que estamos trabajando pensando en ellos» y teniendo claro lo que para ellos significó esta catástrofe».
«Entiendo que la gente está esperando respuesta, lo que yo les pido es que nos permitan es seguir trabajando con la misma seriedad con el mismo profesionalismo para concluir esta investigación de la mejor manera posible y la única manera mejor de que esto concluya es que tengamos todos los antecedentes», manifestó, planteando además que el objetivo de la investigación «es determinar si existió un delito o cuasidelito y si hay personas que puedan tener responsabilidades».
A casi un año de la tragedia la investigación suma 40 archivadores, más de 178 oficios despachados, 40 pericias, más de 70 viajes a localidades caletas y comunas de las zonas afectadas, más de 800 declaraciones y más de 22 audiencias desarrolladas en los distintos tribunales del país.
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