Después de cinco meses de trabajo, la comisión investigadora sobre el accidente en la mina San José de Copiapó, evacuó un informe que será votado este jueves en la Sala, el que además fue entregado al biministro de Energía y Minería, Laurence Golborne.
El documento fue entregado por el presidente de la instancia, Alejandro García-Huidobro (UDI), y la presidenta de la Cámara, Alejandra Sepúlveda (PRI), que esperan que el Ejecutivo considere las medidas propuestas por los parlamentarios para realizar cambios en el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
Respecto de las responsabilidades que determinó la investigación parlamentaria, García-Huidobro sostuvo que en forma unánime, la primera responsabilidad recae en los administradores del yacimiento Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, y en cuanto a responsabilidades administrativas, «el organismo que no cumplió con su obligación legal es Sernageomin».
Por esta razón, el parlamentario gremialista dijo esperar que se trabaje «en el reordenamiento y el perfeccionamiento de la legislación de seguridad laboral, especialmente en la minería, y también que Sernageomin sea un organismo que esté a la altura del desafío que tiene hoy día nuestro país por lo que significa la minería».
A su turno, el ministro Golborne valoró el trabajo de la comisión reforzó la idea de que el organismo de control minero necesita reformularse.
«Ya se ha hecho un trabajo de reforzamiento presupuestario y agradecemos el trabajo en el Presupuesto 2011, que nos permitirá aumentar la cantidad de fiscalizadores», dijo, a lo que agregó que «se necesita reformular la institucionalidad de fiscalización».
Al respecto, el biministro subrayó que el proyecto de ley que «estamos redactando en el ministerio de Minería, bajo la supervisión del subsecretario Pablo Wagner, va a ser ingresado dentro de los próximos 30 a 60 días a la Cámara de Diputados».
«Debiésemos crear una superintendencia de minería, que cuente con los atributos y los recursos necesarios en el largo plazo, para mejorar definitivamente las capacidades de fiscalización de Sernageomin», concluyó.
upi/ha/cvl
