La Comisión Defensora Ciudadana (CDC) valoró este martes la propuesta del Gobierno para descomprimir el sistema carcelario del país, a la que catalogó de «muy positiva y con la complejidad que amerita esta crisis».
El vicepresidente de la República, Rodrigo Hinzpeter, junto al ministro de Justicia, Felipe Bulnes, anunciaron un conjunto de medidas que deben ser aprobadas en trámite legislativo, para disminuir el hacinamiento en cárceles, que incluyen un «indulto conmutativo» que no extingue la pena, pero permite cumplirla fuera de prisión.
El presidente de la CDC, Alberto Precht, acogió positivamente la propuesta del Ejecutivo para resolver la crisis en las cárceles chilenas.
«Creo que el país necesitaba hace tiempo de un conjunto de medidas como éstas, pues lo sucedido en la cárcel de San Miguel no es el primer incidente en cárceles. Cada año hay muertes, riñas, suicidios, motines, etc. El país ha dado un gran avance al incorporar que la cárcel no debe ser la única solución al problema de la delincuencia», sostuvo.
«Hoy se ve una valentía para resolver un problema que como sociedad siempre hemos ocultado y se avanza hacia un sistema que logre la rehabilitación real y también el justo castigo para los infractores de ley», declaró Precht.
La autoridad recordó que desde la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal en la década pasada, se multiplicó por seis el número de sentencias penales, pasando de 35 mil sentencias condenatorias en 1999 a 215 mil en 2008. A pesar de este aumento, los beneficios intrapenitenciarios disminuyen notoriamente: de 4.682 en 1995 a 1.193 en 2006. La libertad condicional también desciende drásticamente: de 1519 en 1999 a 876 en 2008.
«Nos parece un acierto que se supriman medidas que incrementaban absurdamente el castigo como en el caso de los delitos penados con multas, sin duda existen alternativas a la cárcel. El castigo de cárcel debe ser para aquellos que violan, matan, trafican drogas y que, en general, atentan contra la seguridad pública, la sociedad y la integridad de las personas. Por eso nos parece que las medidas anunciadas van en la dirección indicada por los diversos tratados internacionales firmados por Chile en relación con los derechos de las personas privadas de libertad», afirmó.
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