El jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC), Aldo Cornejo, adelantó algunos aspectos argumentales del libelo acusatorio que se presentará mañana en contra de la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe.
La acusación contempla tres capítulos incluyendo argumentos relativos a «vulneración del principio de probidad administrativa, mediante la entrega de informaciones deliberadamente erróneas a los pobladores, a la opinión pública y a las autoridades superiores del Estado».
A esto, se agrega «la vulneración del derecho de igualdad ante la ley», ya que a juicio de los acusadores, habría favorecido a un grupo de ciudadanos en desmedro de otros.
Finalmente, Van Rysselberghe también será acusada por «vulnerar su función de supervigilancia y tutela y de fiscalización de los servicios que operan en la región».
«Independientemente de todos los argumentos jurídicos de peso que contiene, (la acusación) se presenta porque no puede dar lo mismo que una autoridad pública mienta, engañe y trate de obtener objetivos de una forma errónea y que se contrapone con los principios de probidad que se le exige a todas a las autoridades públicas», dijo.
Consultado por la permanencia de la intendenta del Biobío en su cargo, Cornejo respondió que «no me corresponde entregar sugerencias o recados al Presidente de la República», precisando que aunque se produzca una renuncia de la actual Intendenta, el proceso acusatorio sigue su curso como lo establece la ley.
A modo de conclusión valoró las declaraciones formuladas por el presidente de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín y el secretario general de la tienda, Mario Desbordes, en orden a otorgar libertad de acción a sus parlamentarios para «estudiar en su mérito la acusación constitucional».
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