La ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, junto a la Directora del Trabajo, María Cecilia Sánchez, informó este viernes que los empleadores que aún no han regularizado la situación de las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, recibirán una nueva carta alertando del hecho y si no aclaran el problema en un plazo inferior a cinco días se iniciará un proceso de cobranza judicial.
En la oportunidad, la secretaria de Estado precisó que el pasado 24 de febrero se inició la fiscalización masiva de empleadores que han incurrido en la figura legal de «presunta mora», es decir, que no han cancelado las cotizaciones previsionales a sus trabajadores.
Al 21 de marzo, de las 21 mil 610 misivas enviadas, el 32% de los empleadores contactados habían corregido su situación parcial o totalmente y el 68%, es decir, 14 mil 723 empleadores aún no regulariza su situación.
«Significa que hay más de 18 mil o 20 mil trabajadores que sin tener que hacer una fiscalización en terreno, ya le regularizaron su situación. Sin embargo, hay todavía un 68% de los empleadores que no regularizó, por lo tanto, ahora van a recibir una segunda y última carta», afirmó la ministra.
Debido a que el porcentaje de respuesta no es el esperado, se decidió enviar una nueva carta, en la que se explica la situación que les afecta y la forma de resolverla, pero advirtiendo de manera perentoria a qué se verán expuestos de no regularizar la situación.
«Si usted es empleador y recibe una carta que dice ‘plazo vencido’, apúrese, tiene como cuatro o cinco días para regularizar la situación de los trabajadores, si no se va a ir a los tribunales», enfatizó Matthei.
Por su parte, la Directora del Trabajo señaló que las multas a las que se arriesgan los empleadores, van desde 0,2 UF a 1 UF por trabajadores y por cada mes, dependiendo de la infracción que se constate y de si las instituciones no informadas son, respectivamente, las Administradoras de Fondos de Pensiones o la Administración del Fondo de Cesantía.
Además se arriesgan a que la Tesorería General de la República les retenga la devolución de impuestos; les embarguen algunos bienes; ser excluidos de beneficios fiscales al que postulen, y también a que sean publicados en el boletín de infractores a la legislación laboral.
Antes de comenzar la actividad, la secretaria de Estado fue increpada por un grupo de dirigentes sindicales de la empresa Papeles Industriales, PISA, quienes denuncian una serie de «prácticas antisindicales» ocurridas en dicha compañía.
Tras el incidente, ocurrido al interior de las dependencias de la Dirección Regional del Trabajo, la ministra invitó a los trabajadores a calmarse citándolos a una reunión para después de la actividad, encuentro que se realizó a los pocos minutos con la Directora del Trabajo.
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