El proyecto que busca elevar a rango constitucional el tráfico de drogas y sustancias psicotrópicas y declararlo como atentatorio contra la sociedad, la familia y la persona humana, generó diferencias al interior de la Comisión de Constitución del Senado.
La instancia inició el estudio de la iniciativa originada en una moción de los senadores de Renovación Nacional (RN) Alberto espina, Francisco Chahuán, Lily Pérez y la ex senadora UDI Evelyn Matthei, para lo cual escuchó las exposiciones del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter y del profesor de Derecho Penal, Juan Domingo Acosta. Asimismo, tuvo en consideración un documento entregado por el profesor, Humberto Nogueira.
La senadora de la Democracia Cristiana (DC) Soledad Alvear, presidenta de la instancia, explicó que durante la sesión «recordé que cuando se discutió la reforma constitucional, este tema se vio exhaustivamente y expuse lo que señalaron los profesores en términos de que no se deben empezar a constitucionalizar los delitos y que eso debe quedar en una ley pues la Constitución debe establecer los principios fundamentales».
Según la legisladora hay opiniones divididas pues «hay algunos que creen que debe estar en la Constitución y otros que creen que debe estar en la ley regulado con un catalogo de penas altas. Algunos senadores plantearon que el delito de pedofilia es muy reprochable y así como se eleva el narcotráfico a la Constitución, por qué no el delito de pedofilia y después podemos ir encontrando un conjunto de otros delitos».
Por su parte el senador Espina manifestó que «siempre hay una excusa para que no se avance en algo que para mí es fundamental y es que en la Constitución política se establezca con claridad que tal como el terrorismo es un delito que atenta contra los Derechos Humanos, el tráfico de drogas es un grave delito contra la familia, contra la sociedad y en contra de la persona humana».
En su opinión «aquí hay un doble discurso, porque cuando se trata de condenar estos delitos, se hace, pero cuando se trata de establecer la jerarquía que requiere la legislación chilena que es la Constitución, para delitos de esta envergadura y de esta gravedad siempre hay una razón para no elevarlo a esa jerarquía», se quejó el representante oficialista.
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