Jueves, 8 de diciembre de 2016Actualizado a las 11:05

Aseguran que matriz energética del país la definen las empresas según rentabilidad de los proyectos

por 2 mayo 2011

Los académicos de la Universidad de Chile, Roberto Román y Stephen Hall, el diputado del Partido por la Democracia (PPD) y miembro de la comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja, Enrique Accorsi, y el abogado Patricio Rodrigo , dieron a conocer los resultados de un estudio denominado "Desarrollo Energético Chileno: una visión 2011- 2025" , donde se afirma que las cifras entregadas por el gobierno y los privados no concuerdan con las necesidades energéticas del país y responden a intereses económicos.

Según Roberto Román, "bajo ningún escenario se hace necesaria la presencia de Hidroaysén. En este estudio se comprueba que existe una muy fuerte presión de los distintos proyectos por posicionarse, se están compitiendo unos contra otros. Si no hay una política activa por parte del gobierno se va a tender a producirse una mayor concentración, y además vamos a desarrollar una mayor cantidad de centrales a carbón".

El profesor explicó que "las energías renovables no convencionales como eólicas, geotérmicas son competitivas pero requieren mayor inversión. El sistema que tenemos tiende a privilegiar la menor inversión y que los costos directos y ambientales los pague o los usuarios o las personas

que viven en los entornos".

Asimismo, el diputado Accorsi, acusó que la matriz energética la definen las empresas privadas según la rentabilidad de los proyectos.

"Tenemos las mejores opciones como país de generación de energías renovables, y por una cuestión de intereses económicos de las grandes empresas monopólicas en este rubro, estamos desarrollando energías que no son necesariamente las más eficientes y las mejores para el país", afirmó.

El legislador insistió en el conflicto de interés que tendría el Presidente Sebastián Piñera en Isla Riesco al poseer acciones en Copec, empresa impulsora de esa iniciativa energética, afirmando que "por el sólo hecho de que la Corema haya aprobado este proyecto, el Presidente de la República ganó 2.500 millones de pesos".

upi/so

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