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Corte aplica multas a empresas eléctricas por apagón de 2003

por 11 mayo 2011

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago aplicó una serie de multas a 11 empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras de electricidad, por la responsabilidad que les cupo en el apagón ocurrido el 12 de enero de 2003 y que provocó la caída del Sistema Interconectado Central (SIC) entre Tal Tal y Linares.

En total, el fallo unánime de los ministros Jorge Dahm, María Soledad Melo y Rosa María Kittsteiner, las empresas - que son parte del Centro de Despacho Económico de Carga - deben pagar 6.460 Unidades Tributarias Anuales (UTA), en un valor que es equivalente a $3 mil millones.

De acuerdo a la resolución, todas son responsables en la caída del SIC por falta de coordinación y previsión ante eventuales fallas.

El fallo dice que "una vez verificado el black out, el cual si bien es un hecho poco común en cuanto su magnitud, no por ellos imprevisible o fortuito, ni atribuible a fuerza mayor, las empresas debieron tener previsto con antelación un protocolo de actuación para antes, durante y después de producirse una situación de este tipo y no la tenían. Existían fallas en sus planes de seguridad y recuperación del servicio, las que fueron detalladas en las resoluciones de multa que se reclaman y no fueron desvirtuadas por la ahora reclamante".

Según la investigación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el apagón se produjo luego de la caída de un transformador propiedad de Chilectra, en Buin.

Las empresas y los montos que deberán pagar como multa se señalan a continuación: AES Gener, $256.522.560; Arauco Generación, $32.065.320; San Isidro, $114.519.000,00; Pehuenche $256.522.560,00; Pangue, $160.326.600,00; Endesa, $256.522.560,00; Colbún $256.522.560,00; Transelec, $256.522.560,00; Chilectra $838.279.080,00, CGE, $256.522.560,00; IBENER $114.519.000,00; Guacolda $160.326.600,00.

Anteriormente la Corte Suprema había aplicado multas a estas mismas empresas por otro apagón ocurrido el 23 de septiembre de 2002, donde tuvieron que pagar una cifra cercana a los $6 mil millones.

upi/so/

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