Con el voto unánime de los senadores presentes en la Sala, la Cámara Alta aprobó la reforma constitucional que obliga a otorgar defensa penal y asesoría jurídica a las personas víctimas de delitos que carezcan de los medios para procurársela por sí mismas.
Con ello, la iniciativa que tuvo su origen en una moción de los senadores Alberto Espina, José García Ruminot, Baldo Prokurica y los ex senadores Andrés Allamand y Sergio Romero, quedó en condiciones de ser remitida al Presidente de la República para su firma y promulgación.
En lo fundamental incorpora a la Carta Fundamental una disposición que dispone que «la ley señalará los casos y establecerá la forma en que se otorgará asesoramiento y defensa jurídica a las personas naturales víctimas de delitos que no puedan procurársela por sí mismas».
Durante la votación, intervinieron los senadores Soledad Alvear, Baldo Prokurica, Hernán Larraín, Hosaín Sabag, Patricio Walker, Jaime Quintana, Alberto Espina, Jaime Orpis junto al Ministro de Justicia, Felipe Bulnes.
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